PSOE, IU y UPyD demuestran que Gallardón obligó a funcionarios públicos a trabajar en la campaña del PP

David Ortega, portavoz municipal de  UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, exhibió ayer tres correos en la comisión de Hacienda que demuestran que el responsable del equipo de Comunicación del consistorio, Juan Manuel Fernández, encargó a funcionarios públicos diversos trabajos en beneficio electoral y partidista del Partido Popular. Concretamente, aludió a un correo electrónico del 12 de mayo de 2011 en el que se le ordena a la funcionaria Alejandra Acosta escribir el guión de una intervención del entonces alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Encabezamiento de dicho correo: Acto sectorial de campaña. "¿Cómo un funcionario del ayuntamiento de Madrid va a trabajar para el PP? Explíquemelo, porque no lo entiendo". Ortega mostró dos correos más, ambos encargando trabajos partidistas y electorales. Y zanjó: "Y puedo seguir sacando correos".

Se debatía en la citada Comisión de Hacienda la denuncia de tres funcionarias del departamento de Comunicación del Consistorio por presunto acoso laboral prolongado. Entre otras cosas, las denunciantes aseguran que han sufrido vejaciones machistas verbales, intimidaciones e, incluso, que una de ellas fue "agarrada y zarandeada por la cabeza" en el curso de una discusión laboral. Previamente a la intervención del portavoz de UPyD, las otras dos fuerzas de la oposición municipal, PSOE e IU, habían pactado que fuera Ortega el que planteara esta pregunta. Ninguno de los grupos de la oposición se explica que el departamento de personal haya archivado la denuncia sin realizar la mínima investigación previa.

Cuando Ortega le enseñó ayer al jefe de personal, Fernando Bermejo, los tres correos que demuestran inequívocamente que en el ayuntamiento se obliga a trabajar a los funcionarios con fines partidistas, recibió una respuesta evasiva: "El contenido de los trabajos que se vengan a realizar no son materia de este coordinador. Yo, evidentemente, no voy a sacar aquí correos electrónicos".

La denuncia de las tres funcionarias, que tras ser archivada sin investigación alguna fue elevada a la Defensora del Pueblo y a la Inspección de Trabajo, cobrará en breve dimensión judicial. Lo confirmaban ayer a cuartopoder.es las demandantes: solo les queda por dirimir con su abogado si la vía por la que optarán será contenciosa o laboral. "Pero recurriremos a la justicia ordinaria, porque aquí no se hace nada", dicen.

Para el PSOE, es evidente que se han encargado a funcionarios "trabajos partidistas. Y cuando se han negado, es cuando han empezado a tener problemas. Si las demandantes acuden a la justicia ordinaria, tendrán todo el apoyo del Grupo Socialista. Esto no es una cuestión puntual. Es un problema de fondo. En el ayuntamiento hay más de 1.600 cargos de libre designación y de confianza [como el citado Juan Manuel Fernández] cuya función no está clara. Realmente, habría que calificarlos como comisarios políticos".

Desde Izquierda Unida, Jorge García también habla de "aparato político" al referirse a la ingente cantidad de cargos de libre designación y confianza que copan los puestos claves del ayuntamiento madrileño. Son unos 1.600 puestos. Ana Botella, actual alcaldesa, heredó esta estructura de su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón, que desembarcó en el palacio de Cibeles en 2003 y triplicó el número de asesores que necesitaba su predecesor, José María Alvarez del Manzano. Izquierda Unida plantea la siguiente cuestión: "El departamento de Comunicación es paradigma de lo que está pasando en todo el ayuntamiento. Ahí trabajan 21 eventuales y solo 17 funcionarios. ¿Para qué? ¿Para vender humo? El Ayuntamiento de Madrid no necesita a esa gente. En estos momentos no hay nada que vender. Se está recortando en todas partes y aquí se están duplicando funciones y duplicando sueldos".

También se preguntó por las gestiones realizadas por el departamento de personal antes de archivar la denuncia interpuesta por Alejandra Acosta, Pilar Aller y Carmen Vijuesca. Respuesta: una única llamada telefónica, denuncia la oposición. "El inspector ni siquiera se tomó la molestia de entrevistarse con ninguna de las denunciantes" antes de archivar en el cajón del olvido las pruebas escritas que demuestran las presuntas irregularidades cometidas por el responsable de Comunicación. Algo que ocurre, dicen, sistemáticamente en Cibeles. Solo en 2012 fueron archivadas sin investigación 18 demandas por acoso laboral en diferentes departamentos. Ahora PSOE, IU y UPyD estudian pedir que se debata en pleno el problema del uso partidista de empleados de la función pública. El asunto tiene todos los tintes de necesitar como coda un Continuará...