Cospedal privatizará el 30% del monte público de Castilla-La Mancha

Tras presentar un proyecto de Ley de Costas que apenas dejará 20 metros de litoral bajo la protección de la titularidad pública, ahora los gobiernos del Partido Popular la emprenden con los montes. Aunque en este caso con la complicidad silenciosa de todos los grupos políticos. Los presupuestos autonómicos de Castilla-La Macha prevén la privatización de entre el 20 y el 30% del bosque comunal manchego, y ningún grupo de la oposición lo ha denunciado. Ha sido la ONG Ecologistas en Acción quien ha levantado la liebre.

En el tema medioambiental parece que María Dolores de Cospedal es punta de lanza del partido conservador. Tras la denuncia por parte de Greenpeace de los intereses económicos que sospechan detrás de la citada Ley de Costas (empresas vinculadas a destacados miembros del PP, entre ellos el marido de la presidenta manchega), la administración autonómica anunció que demandaría a los ecologistas por vulnerar el derecho al honor de Cospedal. Ahora, Castilla-La Mancha se convierte en pionera de la privatización del monte público. Una privatización que, además, tampoco va a sacar de pobre a la junta autonómica. El gobierno regional calcula que ingresará 45,6 millones con esta venta, una cantidad que apenas supone el 0,6% de los 7.440 millones presupuestados para este ejercicio.  "Según consta en Ley 10/2012 , de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013, el Gobierno Regional espera recaudar 45,6 millones de euros por la venta de terrenos no urbanos. Esta partida aprobada en las Cortes en diciembre pasado esconde el monto que la Junta prevé conseguir por la venta de montes de utilidad pública, así como por otros terrenos rústicos de titularidad autonómica pero también de gran valor ambiental", señalan los ecologistas.

Para Ecologistas en Acción "estas cifras revelan que la enajenación de los montes de titularidad pública no tiene una trascendencia económica significativa, sino que lo que se pretende con la medida es poner a disposición de unas pocas personas con dinero e influencia bienes públicos a precios muy ventajosos".

Miguel Angel Hernández, portavoz de la formación ecologista en la comunidad manchega, aclara que estos terrenos "no se podrán urbanizar en un primer momento. Aunque con todo lo que se hace privado, a medio plazo no se sabe. Si se descatalogan como espacios forestales, podría caber la posibilidad. Nosotros creemos que en principio serán adquiridas por personas con posibles económicos que van a dedicar los terrenos a actividades cinegéticas, explotación forestal o fincas de recreo".

"La opaca gestión de la venta de terrenos públicos", prosiguen los ecologistas, "está poniendo en riesgo un patrimonio natural que abarca casi 171.000 hectáreas de montes de utilidad pública y cerca de 50.000 hectáreas de otros terrenos de titularidad pública que cumplen importantes funciones sociales y medioambientales. Entre estos últimos figuran las parcelas de reemplazo procedentes de permutas de vías pecuarias y numerosas fincas con monte natural o repoblado".

Como en el caso de la privatización costera, la Constitución puede suponer un freno a esta nueva desamortización del PP. El artículo 132 de nuestra Carta Magna es explícito respecto a los terrenos de titularidad estatal: "La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

Ahora Ecologistas en Acción está investigando si en otras comunidades de España piensan adoptar medidas semejantes. De momento, los agentes forestales y los colegios de ingenieros manchegos ya han mostrado su oposición al proyecto de expropiación de montes del gobierno de Cospedal.