IU denuncia ante el Fiscal General del Estado la «estructura delictiva» del PP

Izquierda Unida ha iniciado estos días en Tenerife una campaña de acoso judicial contra el PP que pretenden extender a todos los ámbitos geográficos, profesionales y ciudadanos. El proceso ha comenzado con la presentación en las islas de una denuncia contra Mariano Rajoy, José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas por "asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y la Seguridad Social y los que por conexión resulten". La denuncia fue interpuesta por el letrado José Pérez Ventura, está fundamentada en las recientes informaciones periodísticas sobre la existencia de una presunta caja B del Partido Popular y va dirigida a Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado.

Consideran los denunciantes indiciarias de delito las informaciones sobre «donaciones anónimas no declaradas así como los sobornos recibidos por la contratación de obras públicas y adjudicación de servicios en las distintas administraciones públicas gobernadas por el PP».

La denuncia no escatima calificativos, como que «dicho partido» se ha convertido «en un instrumento y en una estructura de vocación delictiva». Y añaden que los hechos, de probarse, «podría situar dicha organización en causa legal de disolución conforme a la Ley de Partidos Políticos».

En conversación telefónica con cuartopoder.es, el abogado Pérez Ventura anuncia que este es el comienzo de un proceso de acoso judicial. “Es el principio de una acción más amplia. El hecho de que empiece en Tenerife, en el lugar más alejado, es simbólico. Esto es el inicio de una guerra desde todos los lugares y desde todos los sectores”.

¿Tiene alguna posibilidad de prosperar? “En la justicia creo realmente poco. La justicia difícilmente va a resolver esto. Tenemos que denunciar y denunciar para demostrar esta ineficacia de la justicia. Los malos sí que presionan a jueces y fiscales de forma menos sutil, de forma inmoral. Nosotros exigimos a jueces y fiscales que hagan su trabajo. Tenemos que inundar el país de denuncias para que los jueces y fiscales se den cuenta de que tienen que hacer su trabajo”.

La denuncia presentada el día 23 explicita que “el dinero negro con el que se realizaba esos pagos a los altos cargos del Partido Popular provenía de actividades delictivas, al tener su origen principal en dos fuentes diferenciadas; de un parte, del pago de comisiones por parte de constructoras tras recibir contratos públicos o a cambio de adjudicarles obras en las numerosas sedes que el PP tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional, y de otra, de las comisiones ilegales abonadas por las compañías de seguridad que trabajaban para el PP o para administraciones públicas que controlaba la formación de centroderecha”.

La demanda también destaca el hecho de que los acusados no hayan elevado denuncia alguna contra los medios de comunicación que han informado de estos presuntos delitos: “Pese a las gravísimas imputaciones derivadas de las informaciones publicadas sorprende por revelador la respuesta inicial estereotipada lanzada por los portavoces del Partido Popular y que podría sintetizarse en un “no me consta”. Pese a la gravedad señalada lo que no consta es que el Partido Popular haya exigido, en el marco de la legislación vigente reguladora de ese derecho, rectificación alguna por ser falsas o inexactas las informaciones publicadas al respecto por los distintos medios de comunicación social”.

Dolores de Cospedal, ayer mismo, anunció que interpondrían acciones judiciales contra quienes han difundido la noticia.

"Será cierto, pero no quiere decir que valide lo que se ha publicado. Todo se puede cortar, manipular e inventar", se disculpó ayer Pío García Escudero sobre los sobresueldos en negro a altos cargos del PP.

Consideración final de la denuncia: “Desgraciadamente, dinámicas como la denunciada nos han llevado a la situación de crisis actual siendo así que la ciudadanía expresa cada vez más su preocupación por la corrupción política. Cabe recordar que el último sociobarómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de diciembre de 2012, revela que la corrupción política preocupa cada vez más a los ciudadanos, Se ha duplicado desde el último sondeo, pasando del 9,5 al 17,2%, el número de encuestados que lo mencionan como uno de los principales problemas de España. En igual dirección, la encuesta de Metroscopia publicada por el diario El País arroja que un 63% de los encuestados considera que ha crecido la corrupción política; un 54% asegura que es superior a la de otros países y hasta un 95% desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la Justicia para combatirla”.

Pregunta del periodista al abogado Pérez Ventura:

– Oye, ¿eso que me has dicho de que en la justicia confías realmente poco..., eso puedo ponerlo?

– Sí, puedes ponerlo -contesta enseguida. No vamos a ganar. En la justicia confío bastante poco.