Los medios comunitarios hacen ‘crowdfunding’ para reclamar licencias de televisión
Los derechos que se reconocen en las leyes no deberían ser peleados, pero cuando los gobiernos olvidan a una parte de los ciudadanos, éstos se ven obligados a reclamar lo que es suyo. La Red de Medios Comunitarios (ReMC), RTV Cardedeu y TeleK han lanzado una campaña en redes sociales denominada Democratiza las ondas con la que pretenden que el gobierno reconozca, no sólo la existencia, sino también los derechos de los medios comunitarios, conocidos además como tercer sector, aquellos que se hacen por la ciudadanía, sin ánimo de lucro.
El primer paso será interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 805/2014, en el que se repartió el espectro de la TDT, ignorando a las televisiones comunitarias, unas seis en toda España. Y como la justicia es cara, a través de crowdfunding pretenden recaudar una gran parte de los gastos del procedimiento.
El artículo 4 de la Ley 7/2010 General de la Comunicación audiovisual establece que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad.
Para hacerlo efectivo, esta ley establecía un plazo de un año para desarrollar un Plan Técnico de la Radiodifusión. No ha pasado un año, sino cuatro, y el desarrollo de esa ley no se ha producido. A los medios convencionales no les preocupa porque tienen sus licencia de emisión y pueden participar en concursos públicos, pero a los medios comunitarios, la falta de desarrollo de la ley les dejó como estaban: fuera de la legalidad, en la absoluta inseguridad jurídica.
Y la falta de desarrollo del plan técnico de la radiodifusión ha traído ahora un nuevo motivo de indignación, a la que los medios comunitarios piensan contestar: el reparto de frecuencias de la TDT, sin respetar la ley de 2010, que reconoce su existencia.
cuartopoder.es ha hablado con Paco Pérez, portavoz de Tele-K y del resto de televisiones comunitarias, que nos ha explicado el motivo del recurso: "Pedimos que el decreto se adecue a lo establecido en el artículo 32 de la Ley del Audiovisual, porque cumplimos los requisitos de entidades sin ánimo de lucro constituidas antes de 1995; el decreto es ilegal porque no respeta la ley". Y continúa: "Solicitamos ayuda económica porque interponer el recurso supone un desembolso que no podemos permitirnos. Sólo de costas, en las medidas cautelares tuvimos que pagar 1.000 euros".
En la actualidad existen diez televisiones comunitarias en España, de las cuales cinco están localizadas en Cataluña. Todas emiten a través de frecuencia pero no las tienen asignadas legalmente, por lo que se encuentran en un limbo jurídico. Con una pequeña ayuda de todos, a través de micromecenazgo, podemos conseguir que la ley se cumpla.
