El precipitado cierre de RTVV puede costarle caro a las arcas públicas

(Actualización de las 12:30 horas del 10 de noviembre con el resultado de las manifestaciones y la reacción del presidente de la Generalitat)

Las manifestaciones que se celebraron ayer en la Comunidad Valenciana contra el cierre de la RTVV fueron un éxito; 60.000 personas, según los organizadores, se reunieron en Valencia, más de 6.000 en Alicante y un millar en Castellón. Finalmente fueron más de 160 organizaciones sociales, culturales y empresariales las que se unieron tras la consigna RTVV no estanca (RTVV no se cierra) incluso las dos organizaciones agrarias más importantes, la Unió de Llauradors i Ramaders y la Associació Valenciana d' Agricultors (AVA), más cercana al PP.

Sin embargo, parece que todas estas voces no han sido suficientes para hacer que el presidente Fabra reconsidere su posición. Esta mañana, acudía al circuito Ricardo Tormo de Valencia, para presenciar la última prueba del Mundial de Motociclismo y repetía a los periodistas que "la decisión ya está tomada"

La sentencia decretando la nulidad del ERE en Radiotelevisión Valenciana pilló al Govern con el pie cambiado. La Generalitat había provisionado ya 23 millones de euros, en previsión de que la sentencia -al igual que ocurrió en el ERE de Telemadrid- decretara la improcedencia del despido colectivo. Con esa cifra pensaba el presidente Fabra "cumplir la sentencia" y continuar con la privatización de la programación, que quedó pendiente de firmar cuando se conoció el fallo decretando la nulidad. La sentencia, que lleva aparejada la obligatoriedad de readmitir a los trabajadores, provocó un precipitado cierre de RTVV que puede costar caro a las arcas públicas.

Los trabajadores siguen insistiendo en la viabilidad del medio y en la disposición de negociación de la plantilla. Denuncian el falseamiento de datos que da el Gobierno con cifras distintas. No fueron despedidos un millar de trabajadores sino 844, el resto se apuntó voluntariamente en el ERE. Más del 60% de los despedidos lo fue entre finales de junio y agosto, por lo que la mayoría de los readmitidos tendrían que devolver parte de su indemnización, en lugar de percibir salarios de tramitación. Los sindicatos cifran en cinco millones de euros la suma que deberían devolver los trabajadores. Además, un porcentaje importante de la plantilla despedida no volvería a su puesto, con lo que, probablemente, tendría que devolver el importe íntegro de la indemnización percibida.

Los datos aportados por el Govern presentan un cálculo del coste de plantilla para el año 2014 con los mismos trabajadores y los mismos salarios que antes del ERE. No se han planteado la posibilidad de prejubilaciones, reducciones de jornada y de salario. El ente ha demostrado ser viable económicamente cuando la gestión es correcta y para este ejercicio se preveía un beneficio de dos millones de euros. Tampoco dicen que el cierre conllevará la salida de todos los trabajadores (los despedidos y los que están dentro) y que la indemnización sería la correspondiente a un despido improcedente, que supera el duplo de la percibida.

La Generalitat ha puesto fecha al cierre: el 27 de noviembre. Los trabajadores, mientras, continúan peleando para evitarlo y suman adhesiones dentro de la sociedad valenciana. Hoy se celebran manifestaciones en las tres capitales valencianas. Al manifiesto en defensa de RTVV se han unido más de 80 organizaciones y colectivos sociales. La oposición en el Parlamento ( PSPV-PSOE, Compromís, EUPV y ERPV), sindicatos (CCOO-PV, Intersindical, UGT-PV, CGT, USO y CSIF), asociaciones profesionales de la prensa (Unió de Periodistes Valencians, Asociació de la Premsa d'Alacant, FAPE), el Consejo de Gobierno de la Universidad Jaume I y distintas facultades de la Comunidad acudirán a reivindicar el mantenimiento del servicio público.

El cierre de la radiotelevisión supondrá también la práctica desaparición de las empresas audiovisuales de la región, por lo que el sector entero se unirá a las concentraciones, así como muchas asociaciones culturales relacionadas con la lengua y costumbres valencianas.

cuartopoder.es ha podido hablar con varios trabajadores de la plantilla que se muestran pesimistas: "la única posibilidad de evitar el cierre -dicen- pasa porque los propios diputados del Partido Popular se rebelen y voten contra la ley en el Parlamento y que sus simpatizantes que viven en comarcas valenciano parlantes  les exijan el mantenimiento de su servicio público de televisión". También creen que la decisión ha sido muy precipitada o muy maquiavélica. En cualquier caso, consideran que lo más injusto fue que despidieran a los trabajadores con plaza aprobada por oposición. Afirman que la plantilla hubiera aceptado una reducción de salario y otras medidas de ahorro que se hubieran pactado," pero la empresa tenía claro que quería desprenderse de gran parte de los trabajadores, dejar su deuda a la Generalitat (no olvidemos que los 1.200 millones de euros que tenía RTVV ha sido asumida por el gobierno) y acabar privatizando la gestión del servicio"