Los trabajadores del ente público Radio Televisión de Galicia (CRTVG) realizaron ayer el último de varios actos de movilización, en contra de la nueva Ley de Medios de Comunicación Públicos de Galicia. Tras las concentraciones frente al Parlamento de Galicia y la celebración de una jornada de huelga (que fue seguida por el 80% de los trabajadores), ayer convocaron una manifestación en Santiago de Compostela. Posteriormente celebraron un acto en el que intervinieron presentadores de la radio y la televisión y se realizó un boletín radiofónico informativo de cuatro horas, con entrevistas a personajes de la cultura, el deporte y caras conocidas de la televisión.
La plantilla no sabe como responderá la empresa a esta nueva movilización ya que, durante la jornada de huelga del 10 de octubre, varios periodistas de informativos realizaron un telediario en una plaza de Santiago de Compostela y dos de ellos, a los que la empresa les había anunciado que presentarían el informativo especial con motivo de las elecciones generales, vieron como, tras su participación en ese informativo, eran apartados de ese cometido. La empresa niega que se les hubiera ofrecido presentar el informativo especial y el presidente de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, interpelado por el presidente del Colegio de Periodistas de Galicia sobre esta cuestión, respondió que en la actuación de los presentadores existió un conflicto de intereses en el ámbito ideológico, ya que son imagen del canal y debería reflexionarse “si están legitimados para tomar personalmente iniciativas que afectan la imagen y la marca del medio público”
La ley que ha movilizado a los periodistas será aprobada previsiblemente con los votos del PP y PSOE el próximo día 2 de noviembre en el parlamento gallego. Desde que se conoció el texto de la nueva ley, los trabajadores han estado en desacuerdo con ella y han intentado por todos los medios que se introdujeran las enmiendas por ellos propuestas, pero ni una sola ha sido admitida.
Se queja la plantilla que cuando se apruebe la nueva ley, el ente se convertirá en corporación, igual que se hizo con RTVE, pero que a diferencia de ésta, la norma que se aprobará no reconoce los derechos adquiridos de los trabajadores, que pasarán de un organismo al otro.
Consideran igualmente inaceptable que el Consejo de Administración tenga el control sobre el Consejo de Redacción, ya que sus normas de funcionamiento serán aprobadas por aquel. Los periodistas pretendían que se estableciera un mecanismo por el que hubiera antes un acuerdo de los profesionales de la información.
Además, la nueva norma deja en el aire el tema de la producción propia. La Radio Televisión de Galicia tiene en la actualidad unos niveles aceptables de producción de su programación, alrededor del 54%, pero si la norma que la regula no establece un sistema de mínimos podría reducirse e incluso desaparecer, permitiendo que las productoras privadas realicen todo el trabajo.
En estos tiempos de crisis, en los que se habla sin parar de lo costosas que son las televisiones públicas y se oyen voces a favor de su desaparición o privatización, la nueva ley es totalmente permisiva con esta posibilidad, al facultar al Consello de la Xunta para su disolución, sin necesidad del previo acuerdo del parlamento gallego.
La televisión gallega da empleo a casi 700 personas y tiene una deuda "aceptable" de 9 millones de euros. Además goza de buena audiencia al ser la segunda en Galicia, después de RTVE.