El debate sobre el Estado autonómico llega a la televisión

[Actualizado a las 14.00 horas, con las declaraciones del Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta.]

Parece que se ha iniciado un debate en distintos ámbitos sobre el estado autonómico, la posibilidad de recortar sus competencias o devolverlas al gobierno central y en esa discusión ha entrado también la pervivencia o no de sus televisiones.

El último en sumarse a este acoso y derribo a las autonómicas ha sido el Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. En declaraciones al diario 20 minutos ha sido rotundo en relación con el futuro de Telemadrid: "no depende de nosotros (la privatización) hay una ley estatal que lo prohíbe, sí cambia la ley estatal, sin duda sí". Según el consejero, la cadena tiene pérdidas, no cubre con sus ingresos el total de los gastos.

La respuesta a Beteta ha venido de parte de la Secretaria General de la Sección Sindical de UGT en Telemadrid, Maite Treviño, quien ha manifestado a cuartopoder que no entiende que el Partido Popular se escude en las pérdidas para justificar la privatización, pues la deuda de Telemadrid representa únicamente el 0,5% de la deuda total de la Comunidad de Madrid.

"Lo único que demuestra el Partido Popular con su afán privatizador es una incapacidad total para gestionar los servicios públicos, que es lo que debe ser Telemadrid". Para Treviño el debate sobre si deben o no existir las televisiones autonómicas está cerrado desde los años 90, pues su sentido es claro: servir de cohesión a la gente que vive en el mismo territorio, acercar la información al ciudadano. Lo que no se puede permitir es que la Asamblea de Madrid destine ochenta millones de euros para la televisión autonómica y que se dediquen a emitir películas del Oeste, "la Asamblea no sólo debe dar el dinero a las direcciones de los entes públicos, debe vigilar que se cumple la ley y si no es así, a obligar que se cumpla" ha manifestado, pasando su tanto de culpa también a la oposición.

Pero no sólo desde el Partido Popular se opina  a favor de la desaparición de los entes públicos. Anteayer, el ministro de la presidencia, Ramón Jauregui, en la entrevista que concedió a la Cadena Ser manifestó que las comunidades autónomas deben tener defensor del pueblo, porque tienen instituciones públicas, pero se puede discutir si tienen que tener una televisión. Lo curioso del comentario es que se refirió directamente a Canal Nou, "el gobierno central no puede decirle a la Comunidad Valenciana cierre usted Canal Nou". manifestó.

Este comentario ha provocado el malestar de los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, y desde uno de los sindicatos presentes en el Comité de Empresa, UGT, se ha emitido un comunicado en el que considera desafortunadas las manifestaciones del ministro, aludiendo directamente a Canal Nou. No entienden que ha podido pasar por la cabeza de Jaúregui ni les parece correcto que un político socialista no defienda la televisión pública, pues aunque jurídicamente cada gobierno autonómico tiene competencia para abrir o cerrar una televisión, ésta garantiza la pluralidad informativa y la diversidad cultural, lo que no hacen las privadas. Además, en el caso de Canal Nou, sirve para mantener y difundir su lengua propia.

Estas declaraciones se hacen tras distintos rumores que apuntan a la posibilidad de que se produzca un Expediente de Regulación de Empleo en la televisión valenciana, que acumula una cifra importante de pérdidas en los últimos dieciséis años. Los trabajadores, sin embargo, entienden que la televisión es un servicio público, equiparable a la sanidad o la educación y que no debe generar beneficios sino servir a la ciudadanía, manteniendo el equilibrio informativo en un estado democrático, sin someterse a manipulaciones políticas y produciendo contenidos de calidad.

Las opiniones de Beteta y  Jaúregui se unen a otras voces que se han levantado en contra del mantenimiento de la televisión pública. Primero se difundió el informe que UTECA, la asociación que agrupa a las televisiones privadas, encargó  a la consultora Deloitte, sobre el déficit acumulado por las televisiones autonómicas y el coste por hogar que suponía mantenerlas. Después el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados, dos proposiciones de ley para modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual que, sin cambiar la naturaleza de las televisiones públicas, abren la puerta a convertirlas en órganos marginales, pudiendo ceder la mayoría de sus canales a la iniciativa privada, emitiendo por un sólo canal.

Y recientemente los principales responsables de UTECA se han manifestado a favor de la desaparición de las televisiones autonómicas, sin dejar de reconocer que la cuota de publicidad que éstas acaparan, iría directamente a las privadas. Se plantea, según esta organización, una competencia desleal, al financiarse a través de los presupuestos, siendo además dependientes del gobierno de turno, y abogan porque establezcan un sistema similar al de RTVE, limitando su actividad comercial.

Demasiados frentes acosan a las televisiones públicas y el tiempo dirá si se consiguen mantener, implantando un modelo que mejore la productividad y reduzca las pérdidas millonarias o si desaparecen engullidas por los medios privados, donde el único objetivo es la rentabilidad.