La falsa injusticia de la derecha: el impuesto de sucesiones y donaciones

“La verdadera igualdad es la igualdad de oportunidades de origen”. Este es el argumento principal dentro de la filosofía del mérito y el esfuerzo que defienden el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Una premisa que no es extrapolable a sus políticas fiscales. Hablamos en concreto de una de las medidas ‘estrella’ que comparten estos tres partidos: suprimir el “injusto” e “impositivo” impuesto de sucesiones y donaciones (ISD).

Defender una sociedad meritocrática es absolutamente incompatible con estar en contra del impuesto de sucesiones y donaciones. Facilitar las herramientas para abrir aún más la brecha entre personas que nacen con un colchón de patrimonio heredado y las que nacen sin el mismo no es precisamente una manera de luchar por la “igualdad de oportunidades”. No hace falta ni mérito ni esfuerzo para heredar dinero, pero sí que son necesarios para ganárselo.

Además, este impuesto no afecta “a la clase media y trabajadora”, como así lo defienden estos partidos políticos, de hecho es un tributo que la grandísima mayoría de los españoles no afronta. Según las cifras del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), suprimir este impuesto sólo beneficiaría al 0,7% de los contribuyentes más ricos. Y, si se eliminase, como así pretenden Casado, Rivera y Abascal, los más perjudicados serían el 72,4% que ingresan entre 6.000 y 60.000 euros al año.

¿Por qué es necesario este impuesto?

El ISD tiene una finalidad redistributiva, ya que afecta a la acumulación intergeneracional de la riqueza. Aunque esta recaudación no engrose los presupuestos de las Comunidades Autónomas con ingentes cantidades de dinero -unos 3.000 millones de euros-, no deja de ser una parte necesaria para sufragar servicios públicos que, esta vez sí, benefician a toda la sociedad o al menos están al alcance de cualquiera.

Por otro lado, la concentración de la riqueza es un gran problema que pasa desapercibido, ya que no suele interesar demasiado entre los que tendrían la obligación de afrontarlo, pero la realidad es que no ha dejado de crecer en nuestro país. Según el Informe sobre la desigualdad global 2018 desarrollado por el famoso economista francés Thomas Piketty, entre otros, en España el 1% de la población acumula el 25% de la riqueza, una tendencia que además está en alza aquí y en el resto del mundo.

“La progresividad impositiva es una herramienta de probada eficacia para limitar el aumento de la desigualdad y la concentración de ingresos y riqueza”, apunta el informe, que recuerda que la evolución de los dos problemas señalados dependen directamente de “decisiones políticas”.

La supresión del ISD no ayudaría tampoco a garantizar algunos principios de la Constitución, porque sin necesidad de pasar por el de solidaridad consagrado en el artículo 2, no velaría tampoco por el de “equilibrio económico” que sostiene el 138. De hecho, la Carta Magna es especialmente incisiva en este asunto, y vuelve a obligar en el artículo 40 “a los poderes públicos” a promover las “condiciones favorables” para una distribución de la renta regional y personal “más equitativa”, en el marco de una política de estabilidad económica. En este punto cabe plantear que el impuesto no debería de eliminarse pero sí necesita una reforma, ya que en cada comunidad funciona de una forma diferente.

Además el ISD no es tampoco una particularidad de nuestro país, ya que según la OCDE existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo. Realmente, uno de los principales problemas de este impuesto es su percepción social, de la que se han alimentado paulatinamente las grandes fortunas y los partidos políticos, en este caso, el PP, Ciudadanos y también Vox.

La percepción social del ISD

En la narrativa de estos partidos políticos contra el impuesto de sucesiones está el alegato a la injusticia, una falsa injusticia que mina paulatinamente la legitimidad del Estado para recaudar dinero y, en este caso, afectando a su vez a la redistribución y la igualdad de oportunidades. Con la premisa de que el tributo es impositivo e injusto -sobre todo en tiempos de desaceleración- logran que se pasen por alto los principios de bienestar compartido, de justicia social, de estabilidad económica y de la necesidad de financiación y mejora de los servicios públicos.

Ha calado un marco de temor que se fundamenta en amenazas como la fuga de capitales, o una falsa injusticia que “impone” el pago de tributo a las clases medias y trabajadoras, mientras que las altas campan a sus anchas. Esto último tiene su fundamente en que la evasión fiscal de las grandes fortunas también repercute en el impuesto de sucesiones. Hay incontables estudios que demuestran que precisamente los grandes patrimonios son los que evaden más impuestos, pero esto debería ser una lucha aparte, no un motivo para echar por tierra uno de las pocas herramientas de redistribución de la riqueza que existen y funcionan.

Por otro lado, el Partido Popular y Ciudadanos también sostienen que el ISD obliga a pagar “dos veces” por lo que es tuyo, defienden que quien deja la herencia ya pagó durante su vida ese patrimonio. Algo que es incierto, puesto que lo que grava este tributo es la recepción de los bienes y el incremento de la riqueza de quien lo recibe, un beneficiario que no había pagado antes por lo que hereda.

El reto de armonizar el impuesto

Si bien el impuesto es necesario, no es perfecto en su planteamiento ni en su funcionamiento. El importe varía según cada Comunidad Autónoma en la que se reciba la herencia, puesto que cada una de ellas tiene competencia para fijar el tipo aplicable.

Por una parte están los gobiernos como el de la Junta de Andalucía, presidido por el popular Juanma Moreno, que aprobó este mismo año la bonificación del 99 % del impuesto, es decir, que en la actualidad es prácticamente inexistente. También en Galicia se dejará de pagar casi en su totalidad este tributo a partir de 2020.

Asimismo, la bonificación es del 99% en el caso de Madrid, Murcia, Extremadura, Cataluña, La Rioja y Aragón. Mientras que en Castilla-La Mancha se bonifica entre un 80 y 100 por cien para los grupos I y II de parentesco, que incluyen a los descendientes y adoptados menores de 21 años en el caso del primer grupo, y a los mayores de 21 además de cónyuges, ascendientes y adoptantes, que pertenecen al segundo grupo.

Pero por otro lado está Castilla y León, por ejemplo, donde la reducción máxima está fijada en 60.000 en el grupo I, y en 6.000 en el grupo II. En la Comunidad Valenciana las bonificaciones son de hasta el 75 % y en Asturias del 99 % en el caso de heredar una vivienda. Navarra, por su parte, no tiene ninguna bonificación.

Estas diferencias impositivas ponen de manifiesto la necesidad de una armonización del ISD, ya que no es en absoluto equitativo puesto que cada Gobierno, según su parecer, fija su propio interés. Esto no lleva a otra cosa que a acentuar la brecha entre comunidades. La armonización aumentaría la eficacia del sistema fiscal mientras respeta la equidad.

Es aún una tarea pendiente para acercarnos un poco más a una sociedad cada vez más justa, democrática y en igualdad de oportunidades.