2019, un año de encrucijadas

En el corazón del siglo soy un ser confuso
Y el tiempo aleja cada vez más el objetivo
Y el fresno cansado del bordón
Y el miserable verdín del cobre.

Osip Mandelstam

Por Daniel Raventós y Gustavo Buster, editores de Sin Permiso

Hace ochenta años, un 27 de diciembre, murió de hambre y frío en un gulag cerca de Vladivostok, víctima de la tercera gran purga stalinista, el poeta soviético Osip Mandelstam. Dos meses más tarde se iniciaría “La Retirada”, tras la caída del frente republicano en Cataluña y el éxodo de 500.000 refugiados, agrupados en los campos de concentración del sur de Francia. El 28 de septiembre había tenido lugar la Conferencia de Munich, que dio cobertura internacional a la desmembración y la ocupación nazi de Checoslovaquia, continuando lo que había sido la política del Comité de No Intervención en la Guerra de España. Tras el pacto Ribbentrop-Molotov en agosto de 1939 y la ocupación de Polonia, los conflictos regionales se transformarían en la Segunda Guerra Mundial. Y como sentenció el revolucionario belga-ruso Víctor Serge, se hizo “medianoche en el siglo”.

Esa “medianoche” supuso en la hasta entonces República española cuarenta años de dictadura franquista. Cuando hoy se debate sobre el balance de la transición a la segunda restauración monárquica, cuya crisis hoy sufrimos, conviene situarla en el contexto de lo que se perdió con la II República. Del coste excepcional que supuso la “normalización” del franquismo en la geopolítica de bloques de la Guerra Fría. De las limitaciones impuestas y los chantajes sufridos por la voluntad popular hasta la fecha. Nos hemos habituado a vivir contra corriente de una correlación de fuerzas que nunca nos ha sido favorable.

Sin el horizonte trágico de hace ochenta años, pero en otra encrucijada histórica, el Reino de España vive desde 2015 en un “empate estratégico” que es el resultado de la crisis combinada del régimen del 78. Las clases dominantes, enfrentadas en la gestión de sus intereses desde la Gran Recesión de 2007-2008, han visto erosionada su legitimidad hasta el punto que cada vez les cuesta más seguir gobernando con este marco constitucional.

Porque, en primer lugar, ha estallado el pacto social y crece la desigualdad. No se trata solamente de palabras muy habituales, se trata de hechos. El número de ricos en el Reino de España ha crecido más que en el resto de Europa e incluso que en el resto del mundo a lo largo de los últimos 10 años. Las condiciones de buena parte de la población no rica son mucho peores que al inicio de la crisis. Los ricos, o más precisamente el 0,48% más rico de la población, han pasado de acumular en el inicio de la misma (2008) unos 360.000 millones de dólares a casi el doble, 650.000. Lo que, con gobiernos del PSOE y del PP, ofrece algún indicio de los efectos de una gestión de los mecanismos públicos durante la Gran Recesión especialmente nociva para los intereses de las clases populares.

Porque, en segundo lugar, el poder jurídico es una fuente continua de escándalos. Nunca se insistirá suficientemente las consecuencias para las libertades democráticas lo que supuso la no depuración de los órganos represivos y judiciales del franquismo. Depuración y, digámoslo sin reparos, impunidad criminal que impidió la terrible ley de amnistía de 1978. Órganos judiciales que deberán “juzgar”, llamémoslo así, a los presos y presas políticos de Cataluña que ya llevan más de un año en cárcel preventiva, mientras una gran parte de la población, el 80% según distintas encuestas a lo largo de los últimos años, reclama el derecho a la autodeterminación.

Porque, en tercer lugar, la estructura territorial del estado es incapaz de financiar el estado de bienestar cuyas competencias ostenta y la corrupción es una de las principales fuentes de beneficio de este modelo de acumulación capitalista.

Porque, en cuarto lugar, la monarquía ha dejado entrever durante la crisis constitucional catalana cual es su funcionalidad auténtica como recurso último de la autoridad represiva del estado.

Ese “empate estratégico” se romperá de una u otra manera en 2019. Con el horizonte de una nueva recesión internacional y una ralentización del crecimiento económico del Reino, se encadenarán las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y, si no hay elecciones generales antes, es simplemente porque la caída del gobierno Sánchez, el más minoritario de la historia del régimen del 78, desembocaría en un gobierno reaccionario de las derechas extremas y la extrema derecha que aplicaría inmediatamente de nuevo el art. 155 de la Constitución española a la Generalitat de Catalunya con consecuencias represivas y antidemocráticas impredecibles, pero a buen seguro catastróficas para la libertad. De Cataluña, por supuesto, de Euskadi en segundo lugar, y del resto del Reino de España a continuación.

Así que la mayoría de la moción de censura que derribó al gobierno Rajoy hace siete meses —conviene recordarlo, porque la corrupción era ya insostenible y porque la aplicación del art. 155 en Cataluña tras el 1 de octubre de 2017 había fracasado, incapaz de restaurar la “normalidad” constitucional—, se mantiene a trancas y barrancas. Carentes de una alternativa que supere los márgenes impuestos del régimen del 78, que aúne una propuesta para hacer frente a la desigualdad y a la cuestión nacional, se produce una convergencia, que suma más que equilibrios inestables, equilibrismos, de quienes proponen por separado abordar lo uno o lo otro.

Pero la estrategia del “mal menor” ha sido siempre cualquier cosa menos una estrategia. Por los intersticios de ese “empate estratégico” está emergiendo de nuevo el fascismo. Conviene llamarlo por su nombre, sean cuales sean las diferencias con los fascismos de los 20 y 30 del siglo pasado (¡también el fascismo cambia de formas!) porque lo que propone el programa de Vox es una contrarreforma reaccionaria del régimen del 78 —ante su quiebra instrumental para sectores aún minoritarios de las clases dominantes—, para reforzar las constricciones heredadas del franquismo. No es casualidad que, cuando se quiere simbolizar con la exhumación del cadáver del dictador el fin formalmente definitivo del franquismo, los más declaradamente franquistas rebroten de forma vengativa y quieran articular desde fuera el gobierno de Andalucía. Y el PP lo proponga como modelo para los ayuntamientos y autonomías del 2019.

La crisis del régimen del 78 es estructural. Exige un nuevo marco jurídico- político. Por eso es esencial recuperar una alternativa republicana a esta segunda restauración borbónica, que ahora las derechas quieren apuntalar a base de franquismo, de conservadurismo, de neoliberalismo. Agrupar fuerzas no solo significa un reforzamiento transversal de las tendencias republicanas y socialistas en las izquierdas ibéricas. También el derecho a decidir sobre todo, que es el ejercicio de la ciudadanía, en la perspectiva de procesos constituyentes.

Las izquierdas están a la defensiva, sí. ¿Pero qué pocas veces no lo han estado antes y sobre todo después de la “medianoche en el siglo”? Lo importante es si a través de la movilización social y también electoral, somos capaces de ir más allá de un statu quo que se desmorona paulatinamente y de poner en primer término los intereses de las mayorías y aspirar a gobernar en su nombre.

Esta es quizás la principal encrucijada de 2019.