Un pacto andaluz frente a la reacción centralista: llamamiento a la cordura

La autonomía de nacionalidades y regiones corre peligro porque el Estado social y democrático está en trance de desaparecer. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña inauguró oficialmente una etapa de crisis constitucional que persiste desde 2010. Lejos de ofrecer una síntesis solucionadora, aquella resolución intensificó las contradicciones internas de lo que venimos conociendo como Estado de bienestar. Los adversarios tradicionales y de nuevo cuño de la autonomía, por un lado, y el independentismo, por otro, no han dejado de retroalimentarse mutuamente desde entonces. La escena pública ha estado constreñida a determinados temas y enfoques que han terminado sembrando incógnitas allí donde hacíamos gala de poseer nuestras más sólidas certezas.

Lo social y lo territorial van de la mano. El contenido social del autogobierno en Andalucía se expresó en las movilizaciones autonomistas de la transición. “Por la autonomía, contra el paro” y “Andalucía, nacionalidad histórica” fueron los lemas más extendidos en aquella primavera inesperada. Al menos aquí, decir autonomía es lo mismo que decir desarrollo, solidaridad y justicia social. Estas convicciones vivas tienen por lo menos cuarenta años, lo mismo que la Constitución. En el conjunto de España, difícilmente puede hablarse de Estado del bienestar sin Comunidades autónomas. Por este motivo las mutaciones operadas en el modelo territorial tienen un efecto inmediato en el modelo social, y viceversa.

En los últimos tiempos ha actuado un gran agente histórico que ha transformado las reglas de la convivencia en España. Ese sujeto es el neoliberalismo. Nunca el proyecto neoliberal ha estado tan cerca de imponerse como ahora. Pragmática como pocas, su estrategia en España puede resumirse en dos fórmulas, ambas bien conocedoras del modelo constitucional que se proponía derribar.

La primera puede resumirse en una premisa: sólo el Estado fuerte es capaz de gestionar su propia debilidad. Sólo un Estado que concentre en sí el máximo de poder público está en disposición de plegarse ante el mercado al mismo tiempo que acallar las protestas ciudadanas. La ideología neoliberal implementa por donde quiera que va un proyecto de Estado fuerte y autoritario, que bebe de un principio extraño a la democracia. En su lugar, el fundamento escogido es la “gobernanza”. Conforme a dicha máxima, la legitimidad de un Estado debe ser juzgada en atención a su respeto de las normas jurídicas y las prácticas económicas, sin tener en cuenta la capacidad de asegurar la soberanía sobre un territorio y de acrecentar el consentimiento de la población con base a un incremento del bien común. Con tales alforjas, el Estado puede y debe renunciar a cumplir aquellas normas jurídicas democráticamente establecidas que puedan contradecir las exigencias de los grandes mercados, ya se llamen Constitución o Estatuto de autonomía. El Estado se apresta a suprimir todo contrapeso de naturaleza democrática que limite su libertad de acción. De ahí que se revuelva contra la autonomía mientras mantiene intacta la transferencia de poder soberano a estructuras vagamente democráticas o por completo ajenas a la democracia.

El segundo presupuesto del neoliberalismo complementa al anterior. En España hay un Estado en crisis como consecuencia de la transformación neoliberal del tipo de Estado. Históricamente, el Estado precede a la nación, y no al revés. Es el Estado el que construye a la nación a su imagen y semejanza. Eso es lo que está ocurriendo en España. Hay un Estado neoliberal incipiente que ha devenido incompatible no ya con los proyectos secesionistas, sino con el reconocimiento de nacionalidades y regiones consagrado en el artículo 2 de la Constitución, y que pueblos como el andaluz han desarrollado en sus Estatutos de autonomía. El proyecto neoliberal pretende coger a la nación para bordarla, cortarla y confeccionarla a su medida. El axioma es simple: una sola nación, crecientemente uniformizada, para un solo Estado crecientemente autoritario y oligárquico. El Estado fuerte demanda una nación fuerte del mismo modo que el neoliberalismo demanda centralismo.

La pieza fundamental de todo este proceso ha sido el nacionalismo español. Primero, porque este artefacto irracional e ideológico ha suministrado el cemento preciso para aglutinar a neoliberales con centralistas que no lo eran. Segundo, porque ha proporcionado un sugestivo señuelo para personas y colectivos desligados tanto del neoliberalismo como del centralismo pero irritados, sin embargo, por el giro independentista del nacionalismo catalán. Uno y otro fenómeno ha zarandeado el tablero político y enrarecido el panorama electoral, creando una maraña confusa de alianzas que ha impedido ver lo esencial. El españolismo, al igual que el catalanismo, ha sido como el árbol que no dejaba ver el bosque. En el fondo, de lo que se trataba no era de un conflicto de identidades, sino de la construcción de un modelo estatal y nacional acorde al modelo económico neoliberal. Y eso exigía la demolición de los pilares sociales y autonómicos de la democracia.

El neoliberalismo ha consumado el fraude gracias a la llamada tribal del españolismo. Sólo así ha podido atraer a su campo a liberales y socialistas de toda índole, por emplear una divisoria dicotómica tradicional. El españolismo ha permitido ocultar a unos que se estaba llevando a cabo una concentración masiva de poder en el Estado, y la implantación de relaciones económicas y sociales hostiles con los débiles, a los otros. El neoliberalismo es centralista y el centralismo es neoliberal porque ambos coinciden en el objetivo de aniquilar la autonomía. En este sentido, el españolismo ha sido clave por dos razones. Ha sido el engranaje imantado que ha atraído sobre sí, arrollándolas, a personas y grupos convencidos del carácter beneficioso, y por supuesto mejorable, de la autonomía. Y, además, ha sido la punta de lanza con la que se ha empezado a perforar el corazón de la Constitución con el pretexto de su salvación. El nacionalismo español ha socavado el Estado de bienestar (autonómico y democrático) manipulando la buena fe de las personas acuciadas por la crisis territorial y social.

La crisis de la forma territorial del Estado ha generado una crisis constitucional agudísima. Ésta no tenía origen en un conflicto de identidades pero, sin duda, la hegemonía españolista de la última fase ha dado pie a dicho conflicto, exportando el enfrentamiento entre identidades española y catalana a otros territorios y entrecruzándolo, a su vez, con identidades como la andaluza. Paralela a esta corriente más visible del problema, subterráneamente, es incuestionable que la Constitución ha sido troceada, minando la normatividad de las cláusulas sociales, restringiendo la autonomía de las nacionalidades, regiones y municipios y, en definitiva, trastocando la estructura territorial del propio poder estatal. Pero la Constitución recortada no ha derivado en una Constitución parcial, sino en un nuevo orden constitucional tácito, una nueva seudo-constitución que pasa por alto la voluntad democrática que la sociedad andaluza ha plasmado en sus Estatutos de autonomía. Esta forma de entender la norma fundamental ataca las conquistas democráticas de los pueblos y, en concreto, desmenuza los límites, compromisos y vínculos que la autonomía ha ido tejiendo durante decenios sobre la autoridad central.

Las consecuencias de esta distorsión de la realidad constitucional ya han sido demasiado dramáticas como para aguardar a que se agraven. Una vez más, acudimos al enésimo intento negacionista de los logros del pueblo andaluz y los retos que éste, solidariamente con otros, es capaz de afrontar. El nacionalismo español pugna ahora por consolidarse pretendiendo desandar lo andado. Al empoderamiento pacífico y heroico del pueblo andaluz, opone el enseñoramiento del Estado. A los avances que la autonomía ha impulsado, las recetas que durante siglos arrinconaron a Andalucía del desarrollo del norte. Para ello, se busca la vuelta al centralismo a través de reformas constitucionales y estatutarias cuya ejecución, tan anunciada, podría llegar de un instante a otro para perjuicio de todos.

Neoliberalismo, centralismo y españolismo son una misma cosa: el asalto final a la autonomía de Andalucía. El ataque a la autonomía, velado primero y explícito después, supone un golpe directo a la democracia, porque ésta implica tanto el reparto territorial del poder como el reconocimiento de una pluralidad de pueblos con necesidades, derechos e intereses propios. Aparte del poder compartido como parte del Estado español, y aparte de los intereses y derechos compartidos como españoles, está el poder que andaluzas y andaluces ejercemos como pueblo diferenciado para satisfacer nuestros intereses y derechos como andaluces. La laminación de la autonomía significa la erradicación de la democracia y la postración de Andalucía.

Por lo tanto, queda de manifiesto la imperiosa necesidad de un compromiso histórico que reúna al mayor número de fuerzas políticas y sociales guiadas por una causa común: asegurar las conquistas sociales y democráticas de nuestro pueblo. En esta hora difícil de Andalucía, lo mínimo exigible es una alianza plural por la defensa del patrimonio constitucional andaluz. La mayoría del Parlamento de Andalucía se comprometió a comienzos de 2016 a “la defensa de las competencias y, en general, del patrimonio constitucional andaluz, tanto frente a los intentos recentralizadores, como frente a las propuestas asimétricas que excluyan a Andalucía” (proposición no de ley relativa al reconocimiento del patrimonio constitucional andaluz, Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, 21 de diciembre de 2015 y 11 de enero de 2016). Toca cumplir lo acordado. Fuerzas con representación parlamentaria y sin ella están llamadas a esta cita con la cordura.

Pues ha llegado el momento de que nuestros representantes y dirigentes políticos asuman una responsabilidad histórica. Es el momento del diálogo y la gran política. De aparcar las diferencias y tender los puentes indispensables para la renovación del consenso andaluz acerca del modelo social y territorial que queremos para nosotros y nuestros hijos. Al igual que el Pacto de Antequera firmado en diciembre de 1978 por once partidos de todas las tendencias, hace falta un acuerdo formal en el que las fuerzas políticas y sociales de hoy declaren su voluntad de defender el núcleo inderogable de la autonomía: aquel nivel mínimo sin el cual hablar de autonomía, sencillamente, carecería de sentido. La firma de un nuevo Pacto de Antequera podría girar en torno a dos ejes de actuación coordinada ante cualquier cambio constitucional que pueda darse:

1. La voluntad de reafirmar la supervivencia del pueblo andaluz como titular del derecho a la autonomía plena en el marco de la Constitución y con el rango de nacionalidad histórica reconocido en el Estatuto de autonomía y en la Constitución.

2. La voluntad de reafirmar el carácter social de la autonomía, de forma que se enfatice el carácter irrenunciable de las competencias sobre materias como educación, sanidad y otros servicios públicos y derechos básicos, por considerarlos elementos intrínsecos de la autonomía andaluza. Sin ellos el régimen autonómico perdería su razón de ser y serían traicionadas las aspiraciones del pueblo andaluz manifestadas a lo largo de generaciones.

Ha de tratarse de un acuerdo en el que los partidos, cuando menos, que representan a la sociedad andaluza en toda su diversidad, abracen públicamente la idea de que defender la autonomía andaluza es defender el Estado de bienestar, el pluralismo y la tolerancia en el conjunto de España y Europa. Dicho pacto no puede conllevar la renuncia de ninguno de los sujetos firmantes a sus peculiares visiones sobre el futuro de Andalucía; el Pacto de Antequera no prejuzgaba cuál tenía que ser el desarrollo deseable de la autonomía más allá de una serie de rasgos imprescindibles. El compromiso por el patrimonio constitucional andaluz tampoco puede aspirar a imponer un relato unívoco sobre los factores determinantes de esta crisis; el Pacto de Antequera no realizó pronunciamiento alguno sobre la dictadura franquista y se limitó a trabajar en las circunstancias de aquel entonces. Y eso es lo que urge: la renovación de la confianza en la capacidad del pueblo andaluz para regirse y cuidarse por sí mismo y la adopción de unas pautas de comportamiento coherente con ese convencimiento.

Un pacto andaluz por la autonomía en el siglo XXI tendría un significado parecido al del Pacto de Antequera: el compromiso interpartidista de establecer un mínimo común denominador consistente en respetar la médula irreductible del autogobierno y la identidad de Andalucía por encima de las divergencias legítimas que sanamente existan en el terreno de la disputa política y electoral. El Pacto de Antequera respondió a las exigencias del momento, marcado por la aprobación inminente de la Constitución, la reivindicación andaluza del derecho a tomar las riendas de su futuro y la incógnita sobre el papel que correspondería a Andalucía en el régimen naciente. El nuevo Pacto de Antequera ha de responder a exigencias parecidas. La primera de todas: la necesidad de asegurar la continuación de la cota de autonomía conquistada, ya sea por derecho propio o porque los hechos acreditan la influencia benefactora de la autonomía en el bienestar de nuestro pueblo. Los logros alcanzados y pendientes de Andalucía exigen que los partidos que aspiran a representar los intereses y derechos de las andaluzas y andaluces dejen claro que, pase lo que pase en la actual tesitura de crisis, la autonomía quedará a salvo. La diferencia entre el primer y el segundo Pacto de Antequera estriba en que entonces no había nada que perder. Ahora todo lo ganado, aunque manifiestamente ampliable, está en peligro.

Quien se adhiera por activa al asalto a la autonomía o lo acepte con fatalidad, quien acepte la involución centralista, realmente estará aceptando una transformación que supone una degradación y una regresión brutales en la historia de Andalucía. Quien rechace asumir la alta responsabilidad que los acontecimientos depositan en sus manos, no ama a quienes sufren este tipo de regresiones y este tipo de degradaciones, ni respeta a quienes lucharon y dieron su vida por la autonomía y la democracia. En cambio, quienes protesten contra esta degradación con todas sus fuerzas, desplazando las apetencias y las fobias particulares, demostrarán que sí aman a las personas de carne y hueso que hay detrás del patrimonio constitucional andaluz. Quienes suscriban un compromiso por Andalucía en este tiempo oscuro detendrán el aliento destructivo del que predica el centralismo en el Sur. Bienhalladas quienes lo hagan, pues habrán escrito una página indeleble en la historia de la democracia, que es la historia de la autonomía andaluza.

Rubén Pérez Trujillano es autor del libro Andalucía y reforma constitucional (Almuzara, Córdoba, 2017).