100 días después el Valle de los Caídos seguía ahí

Acaban de cumplirse 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin duda, un gobierno sui generis: débil, efectista y esperanzador al mismo tiempo. Débil porque los socialistas se decidieron a formar un gobierno monocolor, contando con solo 84 diputados y apoyos parlamentarios diversos e inestables. Efectista porque se configuró desde el primer momento como una auténtica máquina de guerra electoral: desde la propia configuración del Gobierno hasta los diferentes golpes de efectos, que se han convertido, con más frecuencia de la habitual, en rectificaciones. También esperanzador, dado el período oscuro del que veníamos con Mariano Rajoy y el difícil panorama de las fuerzas democráticas y progresistas en toda Europa, pero sobre todo por la necesidad de cambios y de certezas, que una parte importante de la sociedad española demandaba, de cara a un futuro incierto. Consciente de ese clima que posibilitó el éxito de la moción de censura a Rajoy, Sánchez envió el mensaje nítido de que su gobierno inauguraba “un tiempo nuevo”.

Todo tiempo nuevo cuenta siempre con una buena cantidad de materiales viejos y ante todo con una determinada perspectiva sobre el propio pasado. Siguiendo el mandato del Congreso de los Diputados a iniciativa de su partido hace un año, Sánchez decidió continuar con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobando la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y tratando de acabar con el gran símbolo de la dictadura como tal. Enseguida se agitó una intensa y acalorada discusión en los medios de comunicación sobre el destino del Valle de los Caídos, la oportunidad del mismo debate y, en último término, el significado político de la decisión. Para un puñado de nostálgicos de la dictadura franquista, que, cada vez que pueden, sacan a pasear sus supuestos logros y éxitos, se trata de una “profanación” del cadáver al no contar con el visto bueno de la familia. Para el movimiento en favor de la memoria democrática en España, se trata de una cuestión de dignidad, de reconocimiento y de reparación para las víctimas del franquismo el simple hecho de terminar con la anormalidad democrática que supone el hecho de que el dictador cuente aún a día de hoy con un auténtico mausoleo. La guerra cultural española por antonomasia había regresado de nuevo.

Entre la dignidad y la concordia: izquierda y derecha

No cabían muchas sorpresas aquí. De alguna manera, todos sabíamos dónde estaríamos ante tal disyuntiva. Precisamente, de eso tratan las guerras culturales: de sacar a la luz creencias y reactivar sensibilidades profundas. A favor o en contra de Franco. A favor o en contra de problematizar la mitología de la Transición española. A favor o en contra de seguir siendo una excepción en políticas de memoria en un país con miles de represaliados políticos en cunetas. Amor u odio. Esperanza o miedo. Afecto o resentimiento.

En este escenario, la división del campo político está servida para quienes aspiran a recomponer el bipartidismo: izquierda y derecha. El PSOE en el Gobierno lleva adelante la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, apoyándose en buena medida en el impulso y la visión histórica del movimiento en favor de la memoria democrática, mientras tanto el nuevo PP de Pablo Casado, reconciliado con su origen más conservador, se niega a aceptar cualquier clase de “revisión de la historia”, propone una “ley de concordia”, basada en la reivindicación de la modélica Transición, y se abstiene al respecto de la propia exhumación por querer mirar al futuro según dicen. La omisión propia de quien no quiere que las cosas dejen de estar como están.

Los socios del Gobierno, las izquierdas y los nacionalistas, apoyan la exhumación del dictador porque todos, en mayor o menor medida, beben o dicen beber del antifranquismo. Y siempre es bueno conservar algunas tradiciones. Pese a ello, este nuevo símbolo en sí mismo se ha revelado ambiguo, puesto que, incluso dentro de la izquierda, las lecturas son muy diferentes: desde una suerte de culminación de una Transición incompleta hasta una cierta impugnación de la misma. Todavía más: la mayor o menor radicalidad se puede graduar por las propuestas en positivo en torno al Valle. En todo caso, en este lado del tablero, las diferencias son matices en torno a un consenso fundamental.

Pero, ¿qué pasa en la derecha? La competición de las derechas no parece desplegarse aquí con excesivo virtuosismo. El grueso posicionamiento de VOX, que ha llegado a proponer la aplicación de la Ley de Memoria Histórica para ilegalizar al PSOE por “formar parte activa de la Guerra Civil”, queda como un ramalazo de la formación ultraderechista, anclada en un filofranquismo tan folclórico como minoritario. El radicalismo del Partido Popular de Casado aquí se concreta, como hemos visto, en omisión y concordia. Parece poca cosa para el Casado que coquetea con los populismos de derecha, por ejemplo, en materia de inmigración ¿Y Ciudadanos?

Rivera no quiere estar en tierra de nadie

En un artículo anterior caractericé a Ciudadanos como una fuerza política, que regresaba a su doble origen (Cataluña y la regeneración democrática), adaptándose de forma permanente a las nuevas circunstancias con el objetivo de llegar al poder. Desde esas coordenadas, podría comprenderse a los naranjas como una formación política con una cierta pretensión postideológica o, al menos, con voluntad de situarse más allá del eje izquierda-derecha tradicional. En cierto sentido, cuando ellos se entienden a sí mismos como liberales en el siglo XXI y se identifican con referencias centristas europeas parecen pensar en algo así.

Sin embargo, ante esta cuestión Ciudadanos ha vuelto a poner de relieve su naturaleza. Lejos de apostar por la exhumación del dictador y por una solución que termine con la anormalidad democrática que supone el Valle de los Caídos realmente existente, Ciudadanos ha tendido a mimetizarse con el Partido Popular y su abstención, justificándola en tecnicismos jurídicos de poco recorrido, dirigidos a evitar la discusión de fondo. En definitiva, Ciudadanos ha renunciado a cualquier sentido serio que pudiera tener la palabra liberalismo para situarse claramente en la derecha, es decir, en el bando del Partido Popular. Rivera sigue confiando en su estrategia frentista en Cataluña y en su oposición frontal al Gobierno socialista para convertirse en el referente de la derecha. Lejos queda su predilección por el centro, su ambición de recuperar una tercera España más allá de bandos o su interés por pactar con unos y con otros para hacer política útil. Después de 100 días del Gobierno de Sánchez, Rivera le tiene pánico a quedarse en tierra de nadie.