Hacia la casilla de salida catalana…

En menos de 24 horas desde que las ministras (y ministros) de Pedro Sánchez recogieran ayer las respectivas carteras, se celebraba esta mañana, en la Moncloa, el primer Consejo con la participación de todo el Gobierno. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, pedía comprensión a los periodistas que allí estaban, poco ha podido afinar en muchas de las preguntas que le realizaban. Ha pedido un margen, si no de cien días, “al menos de una semana”.

Hoy el flamante Gobierno de Sánchez tiene que ver con Catalunya. Un primer gesto hacia el conflicto territorial que ayuda a calmar la tensión, al deshielo en las relaciones entre Moncloa y Generalitat tras unos meses tan tensos. El Ejecutivo pone fin a la intervención financiera de la Generalitat. “Tras culminar la aplicación del artículo 155, hemos dado instrucciones a los bancos para que la Generalitat pueda hacer pagos sin pasar por la supervisión de las cuentas”, ha anunciado Celaá, de tal manera que “los bancos podrán financiar al Govern en sus gastos sin necesidad de la supervisión del sello del Gobierno de España”.

Un paso, “un gesto hacia la normalización” que se encuadra dentro de las peticiones que el PDeCat, en boca de su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, hizo a Sánchez en la moción de censura. El Gobierno de Rajoy supervisaba semanalmente las cuentas catalanas para evitar que se desviasen, en un principio, al referéndum del 1-O, en segundo lugar, a cualquier otro gasto en relación con la “materialización de la República” prometida por los independentistas. Con la aplicación del 155 todo el control de la Generalitat, más allá del financiero, se realizaba desde Moncloa hasta que se conformó el Govern el pasado sábado y los nuevos consellers tomaron posesión de sus cargos.

El Gobierno ha aclarado, en una nota posterior de Presidencia, que "este mecanismo era uno de los resortes que era preciso desactivar tras el levantamiento automático del artículo 155. No obstante, la Generalitat de Cataluña continúa sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, controles a posteriori para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales, tal como marca la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

"Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cataluña, el Ministerio de Hacienda ha ido desactivando progresivamente los mecanismos que hicieron operativo en el ámbito financiero la aplicación del artículo 155. El último de estos procedimientos consistía en la comunicación a las entidades financieras, previo informe de la Abogacía del Estado, de la eliminación del control sobre los pagos ordenados por la Generalitat de Cataluña. Es decir, la eliminación del visto bueno previo a la formalización del pago que estaba realizando el Ministerio de Hacienda desde la aplicación de este artículo de la
Constitución. Ello conlleva que se restablece la normalidad en los pagos de la Generalitat de Cataluña", prosigue la carta.

“Con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra”, de esta manera gráfica ha descrito la portavoz del Gobierno la manera en la que gestionarán el conflicto con Catalunya. Por otro lado, ha asegurado que Josep Borrell, el ministro de Exteriores catalán, es “faro” de cómo se ha de resolver el conflicto catalán. Una de cal y otra de arena para el independentismo, que no ve en el reciente elegido jefe de la diplomacia un perfil dialogante, participó abiertamente en la campaña de Societat Civil Catalana contra el secesionismo el pasado otoño, llegando a pronunciar un discurso tras una multitudinaria manifestación españolista en la que participaba Ciudadanos, PSC y un nutrido grupo de colectivos de extrema derecha.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, comparecerá la próxima semana ante la opinión pública para anunciar las líneas de su trabajo con respecto a la cuestión catalana, así lo ha anunciado desde Moncloa la portavoz. Además, ha asegurado que la búsqueda de una solución para el conflicto catalán será un objetivo “transversal” de este Gobierno. Así, ha anunciado una ronda de reuniones de Sánchez con todos los presidentes autonómicos, también con el president de la Generalitat, Quim Torra. Ayer por la tarde, ya se conocía que Sánchez había llamado a Torra para concertar una reunión que se producirá "muy pronto".

De esta manera, cuando se produzca esa “reunión bilateral”, se dará otro paso que para los independentistas también era primordial en la moción de censura. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, reclama dos pasos del Gobierno de España: un marco de negociación bilateral y el acercamiento de los presos a cárceles catalanas.

Pasos, gestos, que ayudan al deshielo tras meses de ausencia de diálogo entre Gobierno y Govern. Será difícil, el camino es largo, pero, al menos, suena una música que abre una puerta frente a la situación de bloqueo estancada desde hace tantos meses. Con respecto al acercamiento de presos, la otra reclamación independentista, Celaá ha tirado balones fuera: “Esa decisión le corresponde al juez instructor”. Fallo: corresponde a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior.

Las reacciones al anuncio del fin de la intervención financiera a la Generalitat no han durado ni un instante. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha escrito en redes sociales: “Sánchez en su primera decisión paga una de las hipotecas de su pacto con los separatistas y levanta el control de las cuentas en Cataluña. Será suya la responsabilidad de lo que Torra destine a reactivar el proceso contra nuestra democracia. Grave error”. Arrimadas, ha hecho lo propio: “¿Qué va a hacer desde el Gobierno de España para garantizar los derechos de los catalanes vulnerados reiteradamente por el Govern? ¿Cómo nos va a proteger?”. Victimismo, el partido naranja ha quedado fuera de juego tras su mala gestión de la moción de censura y quiere devolver la pelota al terreno de juego en el que se sabe mover: la crispación por el conflicto territorial.

El portavoz del PP en el Congreso, cuyo Gobierno fue incapaz de encontrar ninguna vía dialogada para buscar soluciones al conflicto territorial, no ha tardado en posicionarse tampoco. La oposición de la derecha a Sánchez se prevé férrea. “La primera medida del Gobierno de Sánchez empieza a desnudar los acuerdos secretos que adoptó con los independentistas del PDeCAT y ERC para llegar a la Moncloa. Preocupante”, ha colgado en Twitter. “No ha tardado ni dos días Sánchez en pagar la primera factura de su investidura a los independentistas.  Los catalanes que nos sentimos españoles somos las primeras víctimas de su ambición”, en estos términos se expresaba Xavier García Albiol, líder del PP catalán. Victimismo.

Por su parte, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, se ha reunido precisamente hoy con el president de la Generalitat. Tras el encuentro, ha apostado por un “vínculo de confianza” entre los dos gobiernos para “comenzar un camino”. Un camino. Las dos posturas están muy distantes, los proyectos políticos son diametralmente diferentes. Por primera vez, después de muchos meses, ha llegado el primer gesto político desde Madrid a Barcelona para buscar una solución desde la política al conflicto político que tanto se llegó a tensar el pasado otoño. Las posiciones se habían alejado mucho, los caminos se habían separado demasiado. No se hablaban. Este es un pequeño paso hacia la casilla de salida...