El “procés” en un impasse: pragmáticos vs legitimistas

Lunes, 30 de octubre de 2017. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, acata la disolución de la cámara impuesta desde el sábado por el gobierno español en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las instituciones catalanas deciden, definitivamente, no materializar la declaración de independencia aprobada el viernes anterior. ¿Cómo llegamos a ese punto?

El fin de una estrategia: sin negociación al final del túnel

Cualquiera que hubiera sabido escuchar se habría dado cuenta de que la apuesta del movimiento independentista (partidos políticos –excepto la CUP–, entidades de la esfera institucional –Associació de Municipis per la Independència y Associació Catalana de Municipis– y entidades de la sociedad civil –Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana–) por la denominada “vía rupturista” formaba parte de una estrategia con un único objetivo: forzar al gobierno español a sentarse en una mesa de negociación para debatir cómo encauzar la demanda mayoritaria de la sociedad catalana de llevar a cabo un referéndum para decidir sobre la independencia de Catalunya. Tanto es así que el propio Carles Puigdemont ha reconocido que si el día 10 de octubre suspendió la declaración de independencia fue porque “escuchó a mucha gente que prometía que si no se votaba la declaración, se abriría una ventana al diálogo porque se había entendido el mensaje del 1 de octubre”.

Dicha estrategia se fundamentaba en dos premisas. En primer lugar, que el gobierno español no estaría dispuesto a cruzar determinadas líneas rojas, especialmente la de ejercer violencia sobre la población civil. Y, en segundo lugar, que la presión internacional, y especialmente de la Unión Europea y de sus países miembros, forzaría al gobierno español a un escenario de negociación, ya que se impondría la resolución del conflicto por vías democráticas que encauzaran las demandas políticas catalanas y protegieran la estabilidad europea.

Sin embargo, los hechos acaecidos entre los días 1 y 27 de octubre del año pasado demostraron que tales premisas no eran válidas. Todos tenemos presentes las imágenes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional irrumpiendo a porrazos en los colegios electorales el día 1 de octubre, y varios dirigentes políticos catalanes hicieron referencia a amenazas de violencia en las calles por parte del gobierno español (extremo corroborado por un ex coronel del Ejército) si se materializaba la ruptura; al mismo tiempo, la alineación de las estructuras de poder de la UE con el Estado español fue más que notoria, y la respuesta de los países extranjeros de una tibieza no esperada, especialmente tras las imágenes del 1 de octubre.

Todos estos elementos explican el desplome de la estrategia que el independentismo había seguido hasta entonces, y ayudan a comprender por qué las fuerzas políticas y asociaciones de este entorno optaron, finalmente, por acatar la intervención de la autonomía por parte de las autoridades españolas.

De la proactividad a la reactividad: el camino hacia las elecciones del 21-D

A partir de ese momento empezó una nueva etapa para el movimiento independentista en la que, para las distintas fuerzas políticas y sociales que lo conforman, se produjo un cambio de paradigma radical. Si hasta el día 1 de octubre el independentismo había llevado la iniciativa política y había obligado al resto de actores a ir a remolque de las propuestas e iniciativas que impulsaba, a partir del día 27 de octubre las tornas cambiaron y el independentismo tuvo que adoptar una posición reactiva y de defensa ante el embate del poder político, judicial y mediático del Estado español que se le venía encima.

Y es así como, en un contexto de deconstrucción de una Generalitat intervenida, de imputaciones masivas, de encarcelamientos de líderes políticos y de persecución de referentes sociales, las fuerzas independentistas se enfrentaron a una primera gran decisión: ¿tenían que presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por Mariano Rajoy bajo el amparo del artículo 155?

La decisión que debían adoptar ERC, el PDeCAT y la CUP no era fácil, ya que presentarse a estas elecciones significaba acatar la legalidad constitucional, una legalidad que, a priori, había quedado superada tras la declaración de independencia. Además, resurgió con fuerza el debate sobre cómo debían presentarse a dichas elecciones: ¿por separado, por separado per con puntos programáticos acordados, o en una candidatura conjunta?

Tras un largo e intenso debate que dejó entrever los primeros resquicios en lo que hasta entonces había sido un bloque fuertemente cohesionado, y que se alargó hasta mediados de noviembre de 2017, finalmente todos los partidos independentistas optaron por participar (por separado) en las elecciones del 21-D. En ellas, como es bien sabido, el independentismo obtuvo la victoria con 70 escaños de 135 y 2,1 millones de votos (el 47,5% de los votos válidos), con la candidatura de Carles Puigdemont como primera fuerza entre los partidos independentistas.

La reconstrucción del consenso. El debate entre pragmáticos y legitimistas

Hoy, después de más de cuatro meses tras las elecciones de diciembre, la Generalitat sigue intervenida por el gobierno español y la mayoría independentista no ha podido, todavía, escoger un candidato que ocupe la presidencia de Catalunya, fundamentalmente a causa de las intromisiones del gobierno español y del poder judicial y, muy en especial, del juez Pablo Llarena.

Sin embargo, más allá de esta realidad, el debate político que se ha venido produciendo durante este tiempo ha hecho aflorar el disenso que existe entre las diferentes posiciones que conviven en el sí del independentismo a la hora de responder a la siguiente pregunta: ¿y ahora qué?

Antes de nada, este debate interno no tiene que llevar a engaño. Lo que se observa no es una discusión sobre el objetivo (la independencia de Catalunya en forma de república), sino sobre el camino que se transita para alcanzarlo. Es por lo tanto un debate estratégico, no ideológico, el cual, sea como sea, es de obligado cumplimiento para el independentismo ante el fracaso de la estrategia por la que se apostó hasta el referéndum del 1 de octubre. ¿Cómo se posicionan, pues, los distintos actores?

Aun a riesgo de caer en una simplificación excesiva, podemos situar dicho debate entre dos posiciones más o menos confrontadas, apuntadas ya por el periodista David Miró en un artículo del mes de febrero. En primer lugar encontraríamos a los denominados pragmáticos, entre los que, como apunta este periodista, podríamos situar a ERC, a la mayor parte del PDeCAT (antigua Convergència Democràtica de Catalunya), a Demòcrates (una escisión de la extinta Unió Democràtica de Catalunya), a MES (una escisión del PSC) y a Òmnium Cultural. Esta corriente defiende que el primer paso para seguir avanzando hacia la independencia es la recuperación de las instituciones de autogobierno mediante la conformación de un gobierno en la Generalitat.

Por otro lado, y en base a la constatación de que el apoyo internacional es escaso y de que el gobierno español está dispuesto a traspasar cualquier línea para mantener la unidad del Estado, los pragmáticos defienden que un apoyo electoral del 47,5% de los votos no es suficiente para resistir el embate del Estado en una contienda que se prevé larga y aciaga. Es por ello que defiende que es necesario ampliar el apoyo social del independentismo para asegurar que futuros intentos de separación tengan más probabilidades de éxito y que, al mismo tiempo, se garantice, mediante la lucha compartida por los derechos democráticos y contra la represión política, la unidad civil de la sociedad catalana ante los intentos de fuerzas endógenas y exógenas por fracturarla. Estos posicionamientos los vemos reflejados en declaraciones del presidente de ERC, de la portavoz del PDeCAT o del presidente de Òmnium Cultural.

En segundo lugar, y al otro lado del debate, encontramos a los denominados legitimistas. Entre ellos podríamos situar a una parte minoritaria del PDeCAT (incluido a Carles Puigdemont), a muchos de los independientes que él mismo fichó para construir Junts per Catalunya, a la CUP y a la Assemblea Nacional Catalana. Su propuesta pasa por mantener viva la estrategia de confrontación directa con el Estado español para acrecentar sus contradicciones internas, ahondar en su desestabilización y decantar la opinión pública internacional a favor de la causa catalana debido al escenario de represión política presente y futura. Como resultado de esta apuesta, los legitimistas defienden la celebración de un debate de investidura donde sea escogido de nuevo como presidente Carles Puigdemont (el único candidato legítimo des de su punto de vista –de ahí su nombre–). Incluso no descartan el escenario de no escoger a ninguna persona como presidenta de la Generalitat para forzar así unos nuevos comicios en Catalunya (al no haber podido ser escogido presidente Carles Puigdemont), los cuales podrían arrastrar al gobierno de Mariano Rajoy si este no puede aprobar los presupuestos generales del Estado.

Por otro lado, esta corriente considera que la ampliación del espacio social del independentismo, aun siendo un objetivo loable y deseable, no es estrictamente necesaria para la construcción de la República Catalana, ya que ésta cuenta con el aval de la población gracias a la victoria del “sí” en el referéndum del 1 de octubre y a la obtención de la mayoría absoluta de los escaños en las elecciones del 21-D. Ejemplos de estos posicionamientos los encontramos en declaraciones de la presidenta de la ANC, del portavoz de la CUP en el Parlament o del portavoz de JxCat.

Éstas son, pues, las coordenadas del debate en el que actualmente se encuentra inmerso el independentismo, un debate que es importante comprender ya que afecta directamente y determina los sucesos políticos que se están produciendo y se producirán en los próximos días, semanas y meses en Catalunya y en el conjunto del Estado español.

Retos de futuro del movimiento independentista

Como elemento para cerrar la reflexión conviene resaltar que, ahora mismo, el independentismo corre cierto peligro de ser víctima de la misma característica que lo ha hecho fuerte a nivel social: su transversalidad ideológica.

Ciertamente, estamos ante un movimiento político-social complejo que aglutina elementos tan dispares como nacionalistas y republicanos, independentistas de siempre y federalistas desencantados, conservadores y progresistas, neoliberales y antisistema, cristianodemócratas y socialdemócratas, gente de clase alta y de clase trabajadora, etc. Solamente esta diversidad explica su éxito electoral y su amplio apoyo social.

Sin embargo, ahora que ha desaparecido el elemento aglutinador que significaba tener una estrategia compartida (la cual llegó a su fin con el referéndum del 1 de octubre), esta misma diversidad ideológica pone a prueba las costuras del independentismo, ya que hay distintas propuestas y respuestas para la pregunta planteada anteriormente: "¿y ahora qué?".

Así pues, el independentismo se encuentra en un impasse: o realiza una catarsis colectiva, un esfuerzo de síntesis, y encuentra nuevos elementos aglutinadores (por ejemplo, una nueva estrategia compartida fruto del análisis del nuevo contexto) que le permitan mantener una cierta unidad en el medio y largo plazo y resistir así el embate del Estado, o se expone a quedar inmerso en un enfrentamiento interno que lo devuelva progresivamente a la irrelevancia social mediante el acrecentamiento de dinámicas centrífugas que lo alejen de la centralidad (que no del centro) política al perder capacidad como fuerza social transformadora. El tiempo dirá como termina todo.