El dinero de nadie es mío

Parece que los dirigentes de Bankia y CajaMadrid se tomaron en serio aquellas palabras de la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, quien, en una entrevista publicada en ABC el 29 de mayo de 2004, soltó, como quien no quiere la cosa: “Estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie”. Tan no es de nadie que, ahí donde lo ven, los directivos de la más grande caja de ahorros  rescatada con el dinero de todos, se gastaron 15,5 millones de euros por medio de las opacas tarjetas black y, como recochineo, el ex presidente Miguel Blesa dilapidó 4.000 euros el último día que presidió la entidad, según consta en la documentación que Bankia ha aportado al juez Fernando Andreu y que este ha remitido al propio Blesa, a su número dos, Ildefonso Sánchez-Barcoj y al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a los que ha citado como imputados el próximo jueves.

Lo cierto es que la ex ministra socialista, que nunca se apropió de fondos públicos en su beneficio, en los tres años que estuvo en el cargo —entre 2004 y 2007— tampoco fue afortunada en sus declaraciones. Seguro que recuerdan aquello de: “yo he sido cocinera antes que fraila”, aunque quizá ya hayan olvidado la impagable frase pronunciada en un encuentro mundial de ministros de Cultura, en junio de 2005, cuando se vino arriba y dijo: “Deseo que la Unesco legisle para todos los planetas”. Calvo fue una auténtica delicia para los humoristas, que celebraron regocijados su afirmación de que las señoras tenían que ser “quijotas, manchegas, caballeras”.  Sin embargo, la frase que a mí más me estimula es aquel colofón autoafirmativo que decía: “Cuando deje de ser ministra seguiré siendo yo, que es mi verdadero cargo”.

El caso es que da la impresión de que todos estos directivos de Caja Madrid y Bankia que gastaron el dinero de nadie en cacerías, safaris, viajes, joyería, vinos, arte sacro y otros bienes ajenos por completo a la función que ellos tenían en la entidad, pensaban, igual que la ex ministra Calvo, que sus verdaderos cargos eran ellos mismos antes que directivos de la caja, y que no iban a esperar a ejercerlos cuando cesaran sino durante su mandato, que para eso tenían las tarjetas black. Por si lo han olvidado estos genuinos gentlemen son los que pusieron en funcionamiento la operativa de las preferentes que tan graves quebrantos económicos ha causado a miles de pequeños ahorradores, muchos de los cuales han perdido los ahorros de toda su vida.

Vea el desglose de gastos incorporado al sumario de la Audiencia Nacional.

Pues bien, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una pieza separada del caso Bankia para investigar el uso de las tarjetas black. Algunos juristas aseguraban que se perseguiría a los directivos implicados por delito fiscal, pero ese delito requiere que la cuota defraudada supere los 120.000 euros en un ejercicio, lo que es muy difícil, y además, solo se podrían perseguir los últimos cinco ejercicios, porque los demás estarían prescritos.

Aunque el juez no ha especificado en su citación los delitos por los que ha imputado a Blesa, Rato y Sanchez-Barcoj, hay pocas dudas de que los delitos aplicables son apropiación indebida y delito societario, que son los que indica el fiscal anticorrupción.

La apropiación indebida está recogida en el artículo 252 del Código Penal, que fue reformado en 2003 y dice: “Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros”.

Se trata de un delito sencillo y fácil de probar, el primero por el que fue condenado Mario Conde (por el caso Argentia Trust). Dependiendo de la gravedad de la conducta, la pena puede ir desde seis meses a ocho años. Señala la ley que “para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción”.

Además,  los dirigentes serán acusados también de delito societario. La base de este delito es la ingeniería contable utilizada para ocultar a Hacienda el gasto con las citadas tarjetas, que en ocasiones pasaba a engrosar la cuenta de “quebrantos”,  y otras veces se apuntaban como “errores informáticos”, lo que constituye una evidente falsedad contable.

El artículo 290 del Código Penal establece: “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior”.

De modo que algunos de los implicados, aconsejados por sus abogados, están devolviendo el dinero gastado a toda prisa para evitar que su situación se complique y sea luego imposible eludir la prisión.

A la vista de cómo se está poniendo la situación, seguro que ahora nadie aceptaría la tarjeta black de gasto opaco. Ya saben que en CajaMadrid hubo cuatro dirigentes que no la utilizaron, frente a 86 que sí.

Para finalizar, le propongo que piense si usted la hubiera utilizado o no. Ya sabe que, como decía Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. Aunque está más que claro que algunos piensan que es suyo.