El 'fracking', embaucamiento global y agresión centralista

Pedro Costa Morata *

La llamada “fracturación hidráulica”, o fracking, por el método empleado para extraer petróleo o gas de zonas geológicas profundas en las que la pizarra (shale) contiene esos hidrocarburos, reúne numerosos elementos objetivos que lo describen como un completo despropósito. Desde luego, que se venga presentando como poco menos que una “solución energética”, mostrando el ejemplo de Estados Unidos, donde en cinco años ha permitido dotarlos de independencia energética en cuanto a hidrocarburos, no aporta mucho de novedoso ya que se vuelve sobre el repetitivo hallazgo de nuevos Griales energéticos (el paradigma actual, también infundado, es la fusión nuclear, ya que se nos presenta tanto más promisoria cuanto más se aleja su consecución).

Este embaucamiento, que afecta a medio mundo, no puede relacionarse sólo con la creencia de que con el encarecimiento de los recursos convencionales se estimularía la exploración y explotación de recursos más difíciles y costosos. No es evidente, por otra parte, que la caída reciente de esos precios tenga que ver con la rápida puesta en producción del shale oil en Estados Unidos; aunque es verdad que esto sí amenaza con consecuencias más catastróficas todavía que una crisis de escasez y encarecimiento. En cualquier caso, entre los analistas de este fenómeno en Estados Unidos se advierte desde el inicio del boom que son evidentes las manipulaciones especulativas sobre reservas y, más aún, los intentos de minimizar realidades inocultables: los hidrocarburos del fracking no resultan ni fáciles de extraer ni baratos ni limpios, y sólo la intensa propaganda en su favor puede ocultar una realidad llena de preocupantes incógnitas, financieras y ambientales en particular.

El optimismo por este nuevo maná energético pretende hacernos olvidar que lo que el planeta necesita es reducir, incluso bloquear el consumo de hidrocarburos, lo que se viene reconociendo en esas conferencias internacionales (como la reciente de Lima, del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en las que, sin embargo, la causa de la supervivencia planetaria queda secuestrada una y otra vez por la hipocresía y las dilaciones. Más y peor todavía: el regocijo por esa energía abundante y barata (momentáneamente, tengámoslo muy en cuenta) se convertirá en “razón poderosa” para hundir las perspectivas de desarrollo de energías renovables y alternativas, a las que ya se les atribuía un perfil bajo incluso con precios internacionales estimulantes. Esta contradicción pone al descubierto un capitalismo en trance siempre de renovación y a la búsqueda de formas y objetos que garanticen su supervivencia, sin atenerse a otra lógica.

La energía del fracking no aporta nada positivo en relación con los “otros” hidrocarburos, incrementando especialmente su impacto ecológico ya que el proceso de extracción se realiza alcanzando el interior de la tierra con productos químicos nocivos y peligrosos, que contaminan los acuíferos y envenenan la tierra. Por otra parte, los movimientos de tierras y el consumo de agua y energía dejan una terrible impronta en la superficie terrestre, planteándose seriamente si, al tratarse de una actividad gran devoradora de energía, el balance final es real y suficientemente positivo (ya se demostró en el caso de la “explosión” de proyectos nucleares en los años de 70 y 80 que la acumulación de construcciones generaba consumos energéticos de tal magnitud que esas centrales tendrían que dedicar los primeros años de funcionamiento a “cubrir” esos consumos).

A escala española, lo más preocupante que nos traen los numerosos proyectos de fracking no es el alineamiento con la parte alícuota de embaucamiento ante una energía que nada tiene de nueva ni de más favorable, ni tampoco los alegatos a la independencia energética que nos aportaría, que carecen de rigor y vuelven sobre un mito que como tal es increíble; sino las consecuencias de una reacción pública de decidido rechazo popular e institucional, ya que a esto el Gobierno ha respondido de forma singularmente violenta y cavernícola, forzando la legislación para neutralizar esta oleada de críticas y oposiciones que se basan, destacadamente, en la salvaguardia de recursos vitales, en primer lugar el agua, y menosprecian al tiempo promesas banales que contienen augurios inaceptables.

No existen precedentes, concretamente, de la agresividad empleada con las Comunidades Autónomas díscolas ante la euforia del fracking (Cantabria, La Rioja, Cataluña, Andalucía…), a las que el Gobierno pretende neutralizar con sentencias del Tribunal Constitucional y con advertencias sobre “la competencia en exclusiva que sobre las bases del régimen minero y energético” posee el Estado (art. 149.25, de la CE); una actitud abusiva que espera negar la eficacia de las competencias autonómicas ambientales con la modificación, prioritaria, de la legislación sobre impacto ambiental.

Esta reacción se personifica en el ministro José Manuel Soria, que da otro paso adicional a su empecinamiento en favorecer a las empresas, ahora las petroleras, como ya ha hecho con las eléctricas y las de telecomunicaciones, postulándose como el ministro de más clara vocación al lacayato; y se inscribe, desde luego, en la compleja –y por el momento casi completamente exitosa– estrategia de derrumbe de la capacidad protectora del medio ambiente de la que disponía nuestra sociedad; que había sido adquirida a costa de esfuerzos históricos notables y que si bien nunca fue suficiente para frenar nuestros desastres (que a la vista están), permitía cierto optimismo basado, en primer lugar, en la contundencia y experiencia de un movimiento ecologista ducho y tenaz, y en segundo lugar en una “conciencia institucional” que, sobre todo en el entorno judicial, aportaba triunfos y garantías. Indescriptible, por lo aviesa, resulta la intención de compensar con parte de los impuestos de la actividad energética futurible a los propietarios de terrenos y los entes administrativos a los que se imponga el fracking.

Esta estrategia de desmantelamiento ambiental la marcó en su día ese gran depredador que es Arias Cañete, a quien se puso al frente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con el fin confesado de impedir cualquier obstáculo al crecimiento económico que pudiera venir del campo ambiental, tomando como objetivo principal a batir la estructura normativa. Con el tiempo y la multiplicación de las miserias de un PP en el poder, la destrucción de la trama legislativa ambiental, que busca eliminar la eficaz –por lo madura– resistencia desde la conciencia ambiental, se ha inscrito en esa ofensiva global bien a la vista para que las leyes, los jueces y los fiscales eviten la debacle moral, judicial y electoral en ciernes.

Todo un gesto de género dictatorial, que reprime libertades ciudadanas e institucionales para –en este caso– favorecer los intereses y designios de poderosas empresas ante las que el PP se inclina sin pudor, golpeando en su corazón a un Estado que, formalmente autonómico y descentralizado, sin embargo no resiste el acoso de intereses económicos agresivos y arrogantes, que le han tomado muy bien las medidas a un Gobierno servil.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista.