Hacia el Estado federal republicano
Víctor Arrogante *
Reformar la Constitución para establecer un Estado federal es la solución que España necesita, manifiestan desde el Partido Socialista Obrero Español. No sabemos como será el modelo, pero me temo que sólo con eso, no se va a arreglar el problema catalán, Hay otros temas que sangran y también hay que arreglarlos.
La reforma tiene que tener más calado, hay que reformar la Constitución en profundidad, que venga a dar respuesta a los actuales problemas de la sociedad española, estableciendo un modelo económico solidario, que blinde los derechos ciudadanos, proteja las arcas públicas de desaprensivos corruptos y democratice todas las instancias del Estado. Hay que abrir un Proceso Constituyente que cambie de arriba a abajo el sistema por uno republicano.
Vayamos por partes. El año pasado, el PSC ya aprobó una resolución sobre la soberanía de Cataluña, en la que se proponía una reforma constitucional para que España se convierta en un Estado federal y Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir, que asegure un trato fiscal justo, reconozca la identidad y cultura propias y establezca un "sistema de soberanías compartidas". Después del 9-N y el derecho a decidir, no sabemos bien como queda lo uno y lo otro, pero el PSOE sigue insistiendo en el modelo.
En la llamada Declaración de Zaragoza, aprobada recientemente, se aportan propuestas para dar solución a la situación de bloqueo en la que nos encontramos; con un gobierno que no ofrece propuestas políticas, salvo las de judicializar la causa y ahora parece que también militarizándola, después de las declaraciones del general Domínguez Buj. El PSOE pretende "transformar la España autonómica en la España federal", al considerar que el modelo de las Comunidades Autónomas, después de más de treinta años, ha dado todo lo que tenía que dar. Se reafirma en la Declaración "Hacia una estructura federal del Estado" que aprobaron en Granada en el año 2012, que marcaba criterios sobre la delimitación de las competencias, sobre el sistema de financiación, la cooperación y lealtad institucional. Igualmente redefinía las funciones y composición del Senado, así como el reconocimiento de los "Hechos diferenciales".
Pero qué es y qué significa constituir un Estado federal. Un Estado federal se organiza territorialmente, pactándose el reparto de funciones y competencias, entre el poder central y los otros poderes periféricos, regulado todo en una Constitución en la que se les reconoce el principio de autonomía política y administrativa. "Allí donde este principio está establecido en una Constitución normativa y garantizado por un órgano de defensa de la Constitución, cabe hablar de federalismo". Un Estado federal se caracteriza por la cesión o mutua pérdida de soberanía, desde el poder central a los entes territoriales y desde éstos hacia el poder central; fundado en las ideas de solidaridad y consenso. Puede ser que cada miembro de la federación tenga el mismo peso específico o de relación con el poder central, o que no lo tenga.
En España, el modelo autonómico, nació para integrar a las llamadas nacionalidades históricas. De Cataluña, País Vasco y Galicia, del férreo centralismo franquista, al "café para todos", corregido y disminuido tras el golpe de estado del 23-F. El modelo constitucional está inconcluso, de hecho la Constitución no recoge ni el nombre de las comunidades autónomas ni sus competencias —que sí recogen los estatutos de autonomía, como leyes orgánicas—, como dice el artículo 137: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan". El Título VIII de la Constitución que diseña el modelo autonómico, tiene una redacción expresamente ambigua, compleja y no termina de cerrar el modelo que sigue abierto. Hay que cerrarlo. También está por definir, por confuso, el término "nación" y el de "nacionalidades", que figuran en el artículo 2.
La descentralización del Estado y la cesión de competencias, ha dado lugar a una polémica académica, jurídica y política que hoy continúa. Para algunos, el modelo español representa una federación imperfecta, puesto que el llamado "problema español", solo se aplazó. Para otros recuerda a un estado federal, de especial naturaleza, compuesto por entes políticos, marcados por los principios de autonomía y subsidiaridad. Lo cierto es que España está conformada como un Estado federal con la autonomía garantizada y consolidada, muy descentralizado, pero sin que la Constitución identifique las CCAA que conforman el Estado ni el nivel de autonomía política de las mismas, lo que no ocurre en ningún otro estado federal. El verdadero sentido del Estado federal lo daría un Senado, reformado y conformado como una verdadera "Cámara de representación territorial", como dice que tiene que ser el artículo 69 de la CE, pero no lo es.
Como decía el profesor Rubio Llorente: "Hay que reformar la Constitución para acabarla", como recuerda el profesor Javier Tajadura Tejada, quien señala que "la consolidación de nuestro Estado autonómico como un Estado federal exige proceder al cierre del proceso constituyente mediante la supresión del principio dispositivo". En la Constitución deben figurar los nombres de las 17 CCAA y establecer las competencias de cada una de ellas y del poder central. "En definitiva, la existencia del principio dispositivo es lo único que distingue a España del resto de los países federales. Su supresión, por tanto, es también la única vía posible para alcanzar el horizonte federal".
El consenso de la Transición, permitió resolver los temas más conflictivos de aquel momento: la forma de Estado y de gobierno, el modo de elección de los representantes, la cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial; pero por temor a los sables, el recuerdo de la Constitución de 1931 y a la amenaza de involución, no se cerró de forma voluntaria. Hoy, siendo distinta la situación, parece que los temas conflictivos vuelven a cobrar vigencia: el modelo federal del Estado que hemos hablado, que sustituya al actual Estado de las Autonomías, parece ser el mejor instrumento para articular la diversidad en la unidad; los derechos sociales perdidos, por la excusa de la crisis económica, que deja sin contenido los principios del estado 'social'; la persecución contra quienes protestan contra los despropósitos del gobierno y la situación de necesidad insostenible, que ataca el estado 'democrático'; la corrupción generalizada política, económica e institucional, que muestra el trato de privilegio de los poderosos frente al pueblo, que dinamita los postulados que identifican el estado de 'Derecho'.
Bien sé que reformar la Constitución en cualquiera de sus aspectos, no va a resolver todos los males que nos aquejan ni quitar la angustia a las personas que la padecen, pero será un principio decente para avanzar en democracia. Cuando digo reformar la Constitución, quiero decir que hay que abrir un Proceso Constituyente, que cambie de arriba a abajo el Sistema, en el que todas las personas tengan garantizada solidariamente subsistencia y bienestar. Es tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y que las diferencias económicas y de poder, sólo vengan dadas por el mérito o el trabajo. Es preciso blindar los derechos y libertades y que la igualdad sea real y efectiva. Hay que reconocer el máximo nivel de protección al derecho de la salud, pensiones dignas y suficientes, acceso a la educación en condiciones de igualdad, a la seguridad social, a la vivienda y el derecho al trabajo, con sueldo digno y la subsistencia.
El Sistema está permitiendo que se eliminen derechos y se restrinjan otros. Los compromisos impuestos por los sucesivos tratados de la Unión Europea y del resto de poderes económicos y políticos, está llevando a la mayoría social a la ruina económica. El Estado ya no tiene por objetivo corregir las desviaciones propias de la economía social de mercado con solidaridad y progreso social para todos. La falta de ética y la pérdida de valores que la propia Constitución establece, hacen que el pueblo haya perdido la confianza institucional y política y reclame el derecho a tomar el poder soberano. Hay que modernizar la democracia, ampliando los cauces de participación ciudadana en la toma de decisiones y mejorando la representatividad parlamentaria. Hay que reducir el número de aforados, eliminar los indultos por causas políticas, asegurar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas y de los partidos políticos e incrementar los mecanismos de prevención y castigo contra los casos de corrupción política. Y terminar con los privilegios de la iglesia católica.
La monarquía, que es un símbolo, está muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario por razón de sangre, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición a la democracia, pero hoy ya no cumple ningún otro y el nuevo rey no tiene méritos. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, no tiene competencias políticas, y su representación carece de efectividad. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano. El modelo republicano debe ser políticamente abierto, participativo y por tanto democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; y que éstos sean blindados por la Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado republicano.
Si la Constitución se reformó en otros momentos por intereses económicos y políticos, también puede reformarse por intereses sociales y por la voluntad del pueblo. La reforma de la Constitución debe empezar con la apertura de un Proceso Constituyente democrático, en igualdad y libertad, que supere las limitaciones de la actual y diseñe un proyecto avanzado de convivencia, que de respuestas a los retos actuales, cambiar el sistema electoral, avanzando en la democracia participativa, y promover la igualdad y la justicia social, cambiando el modelo político de monarquía parlamentaria por una república federal.
