9M: aulas vacías por el derecho a la educación pública

No tengo ninguna duda de que el 9 de marzo volverán a estar las aulas vacías de alumnado y profesorado. Las calles de las grandes ciudades se llenaran de gente reivindicando más educación pública. Cuando se convoca una nueva huelga en la educación no es un acto rutinario, sino una necesidad de primer orden porque está en juego el futuro de este país. Y es que el modelo educativo tiene mucho que ver con el modelo productivo, el social y con la calidad de la democracia.

Las reformas laborales están sirviendo para la renovación de las plantillas a través del despido y de los ERE, para sustituir empleos de más calidad por otros con menos salario y menos derechos. Hace unos días conocíamos tres noticias en paralelo: récord de turismo, con 75 millones de visitantes en 2016; recuperación del sector del ladrillo y exilio laboral de 800.000  personas, buena parte de ellas son jóvenes, que abandonaron el país desde el comienzo de la crisis (60.000 solo en el primer semestre de 2016). Turismo, emigración y ladrillo, al igual que en el franquismo, como modelo productivo de bajos vuelos. Por no hablar de la democracia devaluada, donde se amordaza la crítica, se protege la corrupción y se cuestiona a diario la división de poderes del Estado.

Mal futuro para este país si el objetivo de la derecha conservadora es reforzar un modelo que educa de forma segregada a las élites y, por otro lado, a un precariado que sirva cañas en inglés a los turistas. Por ello, la movilización es imprescindible y es de agradecer la conciencia y el esfuerzo que hace la comunidad educativa para convocar una huelga general en la enseñanza. Es una huelga unitaria, para todos los niveles educativos desde infantil a la universidad. Y está convocada por CCOO, UGT, CGT y STES; el Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA); los Movimientos de Renovación Pedagógica y apoyada por Unidos Podemos.

Los objetivos son tres: la reversión de los recortes, la inversión en educación pública y la derogación de la LOMCE. Está claro que hay suficientes y poderosas razones para ir a la huelga:

a) El Gobierno del Partido Popular ha aplicado una brutal política de recortes en la Escuela Pública. La inversión en educación se ha reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). En términos de PIB, el gasto total en educación ha pasado de un 5,07% del PIB en 2009 a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%). Para el año 2018 está previsto que caiga por debajo del 4%, lo que totalizaría 10.000 millones de euros de recortes. Se trata de blindar una inversión en educación pública del 7% del PIB, porque, como coinciden todos los expertos, una educación de calidad necesita una financiación sostenible.

b) Como medidas concretas que reviertan los recortes hay que volver a contratar masivamente a nuevo profesorado para reponer los 32.000 puestos de trabajo que se han perdido (cuando hay un 6% más de alumnado), reducir el 20% de temporalidad, y dignificar las condiciones en las que imparten la docencia; bajar las ratios de alumnado por aula y recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad.

c) En las universidades públicas, en los últimos años, el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidad Pública cuando vemos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída de 1.213 millones de euros en el período de 2010 a 2014 y que ha disminuido en 7.500 empleos públicos. También la Formación Profesional se ha visto afectada por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480 €, y una de grado medio entre 120 € y 220 € de media.

Frente a ello, se reivindica una Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa y más sostenible, no una universidad al servicio de los intereses privados del empresariado. Una FP que amplíe su oferta formativa, que reduzca significativamente las tasas y suprima las prácticas no remuneradas.

d) Por último, en relación a la LOMCE, urge la derogación de una ley sectaria, segregadora  antidemocrática y orientada a la privatización al colocar la Educación Pública como algo subsidiario. A la voluntad manifestada por la comunidad educativa y por la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias hay que añadir que hay alternativa. Buena parte del trabajo está hecho con el Documento de Bases para una nuea Ley de Educación consensuado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Debe ser el cimiento para el nuevo marco legal educativo.

También es necesario que la huelga salga bien por dos elementos de coyuntura. Por un lado, porque la experiencia de las huelgas de octubre y noviembre de 2016 ha sido clara: el gobierno del PP se vio obligado a dar marcha atrás al carácter académico de las reválidas. La lucha paga, el gobierno no tiene mayoría absoluta y es el momento de apretar. Por otro, porque está funcionando una subcomisión de Educación en el Congreso de los Diputados con el objetivo declarado de alcanzar un pacto educativo. Por ella van a pasar más de 80 comparecientes y la jugada del gobierno es intentar incorporar al PSOE a un pacto que maquille un poco la LOMCE o echarle la culpa del desacuerdo. Los “poderes fácticos” de la Educación Privada y Religiosa ya han marcado las líneas rojas a los partidos conservadores. Al día siguiente de la comparecencia de la Marea Verde, el portavoz de la Conferencia Episcopal dijo que para mantener “la tradición cultural gloriosa” las clases de religión y los conciertos no se tocaban.

Es necesario el pacto educativo, pero para que se produzca deben darse dos condiciones: Primero, se ha de contar con la participación de la comunidad educativa, porque lo contrario sería una estafa. Y, segundo, debe potenciar una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, gratuidad y democracia. Ello implicaría la supresión progresiva de los conciertos educativos.

Como dice Miguel Ángel Santos Guerra: “Los intereses públicos frente a los intereses privados y la preocupación por los desfavorecidos son dos cuestiones que resultan prioritarias en una sociedad en la que se declara la ley de la extrema competitividad, pero sin tener en cuenta el punto de partida de los que compiten”. (nota 7). La educación es un derecho, no un privilegio, por  eso no caben ni la LOMCE, ni los recortes.