Lo que queda del franquismo 40 años después de la muerte del dictador

Laura Jarmillo tiene 20 años, es de Medellín (Colombia), llegó a Madrid en septiembre a completar sus estudios de Periodismo. Dice que “nunca había oído hablar de Franco y a los cinco días de estar aquí ya sabía quién era”. David López es natural de Albacete y también es estudiante universitario. “La última vez que oí hablar de Franco - explica-, fue ayer: subí a un taxi, el conductor iba hablando por teléfono y fijó una cita en la plaza del Generalísimo”. Cuarenta años después de la desaparición física del dictador y de la “modélica” transición hacia la democracia que consagró la monarquía constitucional como forma de Estado y el bipartidismo imperfecto como sistema político, vale preguntarse qué queda del franquismo. Hoy 22 millones de españoles tienen menos de 40 años y no lo conocieron, 7,5 millones tenían menos de nueve años cuando murió el dictador y no lo padecieron y los restantes 17 millones tenían más de 10 años y recordarán aquellas fechas y los últimos coletazos de aquel régimen de oprobio e indignidad.

Pretorianos y opacidad militar

La muerte de Franco se anunció a cañonazos. A las siete de la mañana de aquel 20 de noviembre de 1975, san Fausto en el santoral, los cañones de Campamento, sede de la poderosa División Acorazada Brunete, atronaron el cielo. Cada cual tendrá su recuerdo. El de un servidor, que vivía a un tiro de piedra de la Plaza de España, en el 5 de la calle de Víctor Pradera (ahora Marqués de Mendizabal), fue aquel despertar atronador. “¡Maldita sea, otra vez tormenta!” Me asomé al ventanuco de la habitación abuhardillada que tenía siempre abierto a los pies de la cama para que se refugiaran los gorriones. El cielo estaba oscuro, pero no llovía. La sucesión de zambombazos me hizo caer en la cuenta de lo que sucedía. Media hora después, ya en la calle, secundé el gesto de algunos viandantes y agarré un periódico –no recuerdo si el Ya o el ABC-- de los paquetes que se acumulaban junto a un kiosko todavía cerrado, en la confluencia de Ventura de la Vega con la calle Princesa. Caminé un trecho. Algunas personas con las que me cruzaba ponían cara de sorpresa al leer el titular del periódico que iba hojeando.

No por esperada, la noticia era menos impactante. Parecía que el dictador no iba a palmar nunca. Casi un mes de agonía, tres operaciones a corazón abierto y una irrenunciable voluntad de enseñar anatomía a través del llamado “equipo médico habitual” habían generado un clima de duda e incredulidad. Yo cursaba segundo de Periodismo en la Complutense y trabajaba desde las 13 a las 22 horas en un bar donde los parroquianos cruzaban apuestas sobre si palmaría esta noche o mañana. Había chistes: “Su excelencia el generalísimo ha sobrevivido a la última autopsia”. Le motejaban el Magiclik, como un chispero de encender el gas que por aquel entonces se anunciaba “potente por 104 años”. El monárquico José Luis de Vilallonga decía que “Franco estaba configurado para vivir cien años (tenía 82): no fumaba, no bebía, no se le conocían señoras, era un pésimo gastrónomo y pasaba mucho tiempo cazando, pescando y realizando otras actividades al aire libre”. Otros, más optimistas que el escritor aristócrata, confiaban en las secuelas del balazo en el estómago que le pegaron los rebeldes rifeños en la guerra de los años veinte por las posesiones del Norte de África. El almirante Luis Carrero Blanco, aquel presidente del Gobierno al que había volado ETA dos años antes cuando salía de misa sin su hija, que le acompañaba todos los días menos aquel 20 de diciembre de 1973, decía que conoció al teniente Franco en una barcaza en la que cruzaba el Estrecho con la tropa hacia África y contaba que le ofreció la típica sopa de ajo para desayunar, pero él la rechazó en tono fanfarrón: “Desde que me hirieron no pruebo bocado antes de entrar en combate”. Se cayeron bien y se hicieron amigos.

El dictador falleció a las 4 de la noche, la comunicación oficial fue transmitida a las 6:15 y antes de que el entonces jefe del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciase, a las 10, el deceso por televisión, los mandos militares ya habían suspendido los pases de pernocta y acuartelado a la tropa. El Ejército estaba alerta. Era “la columna vertebral” de la Patria, ejercía el control sobre la sociedad directamente y a través de la Policía y la Guardia Civil militarizadas e imponía las decisiones del “generalísimo”. El grado que se concedió Franco para dirigir la guerra sin que Emilio Mola y los demás generales golpistas que el 18 de julio de 1936 se sublevaron con él contra el orden constitucional y democrático de la II República, fue lo único que desapareció con el individuo.

El Ejército, con distintas formas y fórmulas se mantuvo como un poder paralelo e impermeable a la democracia aún después de que se aprobara la Constitución de 1978. La operación Galaxia, el golpe frustrado del 23-F de 1981, la intentona golpista de los coroneles un día antes de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 y los planes de matar al rey Juan Carlos en un desfile en A Coruña en 1985, jalonan una crónica que rebasa la transición propiamente dicha. De hecho, hasta 1984, no se desarrolló el precepto constitucional previsto en el artículo 8-1 de la Carta Magna que sitúaa al presidente del Gobierno como jefe de las Fuerzas Armadas. Hasta la aprobación de la ley de la Defensa Nacional, el jefe del Ejecutivo, que tenía la competencia de declarar la guerra, no tenía, en cambio, el mando del Ejército. A lo más que se había llegado era a la creación de un Ministerio de Defensa en paralelo a las jefaturas de los tres ejércitos.

Los golpistas, que nunca pidieron perdón por las intentonas de instrumentar el las Fuerzas Armadas contra la soberanía nacional y la democracia, han seguido celebrando sus “gestas de salvapatrias”. Todavía en 2014, un hijo del icono golpista Antonio Tejero Molina, oficial de la Guardia Civil, organizó un banquete en la Escuela de Guardias de Valdemoro como homenaje a algunos seguidores de su padre que asaltaron el Congreso y al que el propio golpista asistió. Unos días después, Interior cesó a Antonio Tejero Díez.

Se sorprendía Federico Trillo, coronel jurídico de la Armada, de las actitudes pretorianas de varios generales con los que tuvo que tratar cuando fue nombrado ministro, en el año 2000. Quiere decirse que la notable labor de Narcis Serra para acabar con el golpismo y reformar y modernizar el Ejército, y que la profesionalización total de las Fuerzas Armadas, contemplada en el Pacto del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol, y culminada por el propio Trillo, no erradicó a los “salvapatrias” o “trogloditas”, como calificó The New York Times al general José Mena Aguado que todavía en 2006 se declaró dispuesto a emplear las armas contra Cataluña. Mena no era un pretoriano cualquiera, sino el jefe de la Fuerza Terrestre. El ministro José Bono lo llamó a capítulo y el general intentó engañarle. Bono lo cesó fulminantemente. La actitud complaciente del PP con el “malestar militar” -“Lo de Mena no pasa porque sí”, dijo Mariano Rajoy-, llevó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero a nombrar al teniente general del Aire Julio Rodríguez jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), algo que ni soñando habría podido hacer Adolfo Suárez, quien tuvo que excluir de la amnistía a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) condenados por apostar por la democracia varios años antes de la muerte del dictador. Rodríguez, hoy candidato a diputado de Podemos por Zaragoza, pertenecía a aquella UMD.

Aunque los “africanistas” hayan desaparecido, los “golpistas” se hayan extinguido y los ciudadanos hayan perdido el miedo al Ejército, la tentación pretoriana de erigirse en intérpretes de la Constitución como garantes de la “integridad y unidad” de España, sigue latente como un vestigio de otro tiempo. También debe considerar un vestigio franquista la jurisdicción militar sometida a la escala de mando y derivada de la rancia norma de que los trapos sucios se lavan en casa. Y además de la opacidad y falta de control externo de los grandes contratos de armamento, con una deuda superior a 30.000 millones de euros, del franquismo pervive la militarización de la Guardia Civil y la privación de libertad (los arrestos) sin intervención judicial que todavía el PP no se ha atrevido a eliminar en la última reforma de la ley disciplinaria militar para no restar poder a los coroneles y generales. Esto ha obligado al Gobierno a la vergüenza de tener que renovar la excepción, impropia de un país democrático, al Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Enterrados en las cunetas

Con el temor a los atentados yihadistas quizá convenga recordar aquellas clases de miedo de las que habló el historiador exiliado Claudio Sánchez Albornoz: “El miedo del pueblo al dictador, el miedo del dictador al pueblo y el miedo del pueblo al pueblo. De las tres clases, la última es la peor”, decía. El general Andrés Casinello, que tanto ayudó a Adolfo Suárez en la transición, citaba a José Ortega y Gasset para explicar la pérdida del miedo del pueblo al pueblo, alentada por la dictadura durante cuarenta años. Dos personas se divisan a lo lejos en un campo y siguen avanzando la una hacia la otra. Cuando están a menos de un metro, ambas alargan la mano para protegerse. Nació así el saludo. “Ni los comunistas eran tan terribles ni los franquistas tan obtusos”, añadía Casinello.

La petición de Manuel Azaña: “Paz, piedad, perdón”, prevaleció en la izquierda, que asumió la amnistía (ley de punto final) en aras de la reconciliación, la convivencia y la democracia. Pero ni el paso de los años ni la espera a que desaparecieran los franquistas que solicitó Manuel Gutierrez Mellado a Felipe González para emprender la reparación a las familias de las víctimas ignoradas durante cuarenta años de dictadura, ha supuesto un ápice de justicia para ellas en otros cuarenta de democracia. Del franquismo quedan cientos de fosas comunes de los demócratas fusilados, enterrados en las cunetas todavía sin identificar, restos de 30.000 personas asesinadas y también sin identificar en el Valle de los Caídos. Quedan las condenas y ejecuciones dictadas por los tribunales militares de los sublevados, todavía sin revocar ni anular. Y hasta los títulos nobiliarios, renovados por el Ministerio de Justicia, del dictador a sus secuaces y del rey Juan Carlos a él y a sus familiares.

Cierto es que con la llegada de los socialistas al Gobierno en 1982 se reconocieron los derechos pasivos a los militares republicanos y guardias de asalto que sobrevivieron, la mayoría de en silencio, escondidos o en el exilio, y que con la Ley de la Memoria Histórica se ayudó a los familiares a rescatar los restos de muchos fusilados y a limpiar la iconografía franquista de casi todos los edificios oficiales –incluidos los cuarteles--, pero ninguna de las más de sesenta peticiones de anulación de las condenas a muerte recibidas por la Sala V del Tribunal Supremo (de lo militar) a lo largo de 40 años ha prosperado. Ni Lluis Companys ni Julián Besteiro ni el propio Azaña han sido judicialmente rehabilitados. Los más de 120.000 casos de familiares desaparecidos que admitió en su día el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, terminaron con la acusación y el juicio en el Tribunal Supremo por presunta prevaricación contra el propio magistrado, que salió absuelto, pero fue condenado y expulsado de la carrera judicial por el caso Gürtel de corrupción del PP. Las peticiones de extradicción de antiguos responsables franquistas de torturas y crímenes de lesa humanidad, cursadas por la Justicia Argentina, han sido burladas por el Ejecutivo, amparándose en convenios policiales internacionales. Y a los autores de los terribles asesinatos de los abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO), la matanza de Atocha, al comienzo de la Transición, les ayudaron a escapar de la cárcel y huyeron sin persecución ni cumplimiento de las penas. Del franquismo quedan las víctimas sin justicia ni reparación, incluidos los más de 10.000 españoles recluidos en los campos nazis de exterminio con el visto bueno de Franco, verbalmente transmitido por su cuñado Ramón Serrano Suñer a Adolf Hitler.

La Monarquía restaurada

La restauración de la Monarquía figura como la obra más duradera del dictador. Franco prometió fidelidad a Alfonso XIII, que fue su padrino de boda con Carmen Polo. Y aunque después de sublevarse con un ejército de mercenarios marroquíes, legionarios y regulares, y de ascender al poder sobre una montaña de muertos con el apoyo de Hitler y de Benito Mussolini, liquidó a los generales que con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial le recomendaron restaurar la Monarquía, no olvidó su fidelidad monárquica. El 22 de julio de 1969, saltándose el orden dinástico de los Borbones que habría convertido a don Juan en sucesor, nombró a su hijo mayor futuro jefe del Estado a título de rey. Don Juan abdicó finalmente en 1977. Con la muerte del dictador, el príncipe Juan Carlos, que ya había ejercido temporalmente en julio y agosto de 1974 la función de jefe del Estado por la convalecencia de su valedor, asumió automáticamente el poder y juró el cargo ante las Cortes franquistas el 22 de noviembre de 1975. Unos meses después, en un viaje a Estados Unidos, acompañado de José María de Areilza como jefe de la diplomacia, anunció su decisión de que España transitara hacia la democracia como los demás países europeos de nuestro entorno y, al regreso, encomendó a Adolfo Suárez la jefatura del Gobierno y la misión de legalizar a los sindicatos y a los partidos políticos para realizar las primeras elecciones democráticas de las que habría de salir la Constitución de 1978.

Las resistencias de los militares y del entonces llamado bunker franquista a la legalización del Partido Comunista de España (PCE) eran tan fuertes que el propio Juan Carlos envió a Santiago Carrillo, secretario general del partido, un mensaje a través del presidente de Rumanía, Nicolás Ceacescu, proponiéndole el aplazamiento de la legalización hasta después de las elecciones, cuando ya la situación se fuera asentando. El líder del PCE, que unos días después de la muerte del dictador se había trasladado clandestinamente a Madrid con la ayuda del empresario y abogado Teodulfo Lagunero, y llevaba varios meses recorriendo el país y reuniéndose con los dirigentes que no estaban en la cárcel, rechazó la oferta de plano y, desde París, donde residía oficialmente, envió su respuesta pública, anunciado en rueda de prensa que si los comunistas eran excluidos o vetados en la nueva situación que se abría en España, rechazarían la Monarquía y apostarían inequívocamente por la República. Así y todo, el rey les pidió que se presentaran a las elecciones como independientes. Los dirigentes del PCE replicaron que ni hablar. Si la fuerza hegemónica y casi única en la lucha contra la dictadura no podía concurrir a las primeras elecciones democráticas que se celebraban en España tras 40 años de dictadura, la democracia sería una pantomima, un remedo a la medida de los franquistas, unos más recalcitrantes, con Manuel Fraga Iribarne y varios exministros de Franco, y otros más evolucionados, con los falangistas Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Fernando Abril Martorell, algunos tecnócratas y personajes de empresa como Leopoldo Calvo Sotelo y los grupos de democratacristinos, propagandistas católicos y socialdemócratas reunidos en la Unión del Centro Democrático (UCD).

El PSOE no representaba mayor problema para el rey y los “poderos fácticos”. Un colaborador de Fraga cuando era ministro de Gobernación y vicepresidente del Gobierno de Arias Navarro, que luego fue secretario de la Presidencia con Suárez y fugaz ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, llegó a decir que “muchos cuadros del PSOE habían ocupado cargos con el franquismo”. Si lo sabría él, que tenía acceso a las fichas policiales y de los servicios secretos. Alfonso Guerra le exigió la lista, pero aquel Otero nunca se la dio. El general Casinello, que se entrevistó con Josep Tarradellas en Francia y realizó otras gestiones secretas con los dirigentes socialistas y comunistas por encargo de Suárez, dijo a este cronista: “Teníamos infiltrados en todos los partidos, y algunos lo hacían tan bien que corrían el peligro de convertirse en líderes”. Finalmente, después de la famosa reunión secreta de muchas horas de conversación entre Suárez y Carrillo en casa de José Mario Armero, presidente de la agencia de noticias Europa Press, el abulense se convenció de que sin el PCE no habría democracia sino rechazo de la monarquía. Y el rey designado por Franco acabó asumiendo la legalización del PCE, que finalmente llegó aquel “viernes santo rojo”, a falta de un mes y medio para las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Fraga protestó como solía: enérgicamente. Los jefes militares lanzaron un manifiesto contra la decisión, y el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimitió.

Fueron decisiones clave para la transformación política del país. El poder económico, la Iglesia Católica y la judicatura no experimentaron más incomodidad que la derivada de las reformas progresivas. Año y medio después de aquellas elecciones, la Constitución fue refrendada por la mayoría de los españoles el 6 de diciembre. La Monarquía quedaba ratificada como forma de Estado. El rey ya no era franquista, sino constitucional. Y el titular de la jefatura hereditaria del Estado devolvía el favor defendiendo la democracia y el futuro de la corona frente a los militares golpistas.