El proyecto de reforma electoral de Rajoy vulnera el Código del Consejo de Europa

El proyecto del jefe del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, de modificar la ley electoral a nueve meses de las elecciones locales y autonómicas para que los alcaldes sean los candidatos de la lista más votada, contraviene el código ético europeo de buenas prácticas democráticas. En el caso de que la reforma fuera aprobada unilateralmente por la mayoría absoluta conservadora en las Cortes, como afirmó el viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, algunas fuerzas políticas como IU y UPyD apelarán al Consejo de Europa y a la OSCE y pedirán la presencia de observadores internacionales para que certifiquen la vulneración del consenso constitucional y electoral en el Reino de España.

La dirigente de UPyD, Rosa Díez, con amplia experiencia institucional europea, dio el primer aviso sobre la vulneración flagrante que la reforma ideada por Rajoy y la dirección de su partido para conservar las alcaldías sin mayoría absoluta supondría contra el Código Democrático Europeo del Consejo de Europa. Pero sus palabras en la sesión de la Diputación Permanente del 26 de agosto pasado ni siquiera merecieron respuesta del portavoz del PP, a la sazón abogado, funcionario en excedencia y titular en ejercicio de la empresa de consultoría Scardovi SL, Pedro Ramón Gómez de la Serna.

En efecto, la reforma electoral, enfáticamente reiterada por Rajoy en su mitin de despedida vacacional en Pontevedra, va en contra del capítulo dos de las recomendaciones del Consejo de Europa, que en su artículo 2.b, afirma expresamente que “los elementos fundamentales del derecho electoral, y en particular, el sistema electoral propiamente dicho, la composición de las comisiones electorales y la distribución de las circunscripciones no deben ser modificados menos de un año antes de las elecciones”. Y en todo caso, añade que deben ser abordados “a nivel constitucional” o mediante una norma de rango superior al ordinario. Con ello, el Consejo de Europa, que agrupa a los 27 países de la UE y a otros hasta un total de 47, y del que España forma parte desde 1977, señala indubitadamente la necesidad del consenso, con rango constitucional, de las formaciones políticas para cambiar las reglas de juego.

Estas recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa tienen su correlato en el detallado Manual de Transparencia sobre los procesos electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. La OSCE recoge expresamente el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral del Consejo de Europa y recomienda a sus observadores (página 34 del texto vinculado) que critiquen fuertemente los procesos electorales “cuando haya falta de honradez o una interferencia política o ejecutiva indebida”.

En este caso, la reforma partidista ha sido impulsada por los mandos del PP después de haber perdido cinco millones de votos en las elecciones europeas de mayo y además de no respetar la recomendación básica del Consejo de Europa, al que los españoles aportamos 30 millones de euros al año para que vele por los Derechos Humanos, la legalidad internacional y la limpieza democrática, puede ser considerada carente de honradez, ya que trata de beneficiar al PP. En ese sentido, el dirigente de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural, Cayo Lara, considera lamentable y paradójico que el Gobierno trate de presentar la reforma como un elemento de la “regeneración democrática” cuando, en su opinión, “estamos ante la degeneración de la democracia representativa”.

Si Lara ha tachado la reforma de “intento de golpe de Estado a la democracia municipal”, el socialista Pedro Sánchez advirtió ayer a Rajoy de que si la lleva a cabo “abrirá la puerta a las reformas legítimas que realicen otros y a la inestabilidad política”. Como es sabido, el PSOE ha planteado mociones en todos los ayuntamientos y asambleas legislativas contra una reforma cuyo contenido, inicialmente esbozado por los mandos del PP, dista bastante de la “elección directa” de los alcaldes y persigue otorgar la mayoría absoluta y el nombramiento automático de regidores con el 40% de los votos. Sobre si la reforma ha de considerarse una medida de regeneración, el nuevo dirigente del PSOE dijo que Rajoy “lleva treinta años en política sin regenerar nada, y no puede regenerar rompiendo el principal consenso”, el de las reglas electorales.