El PP aprobó el jueves en solitario (180 votos a favor de los 350) en el pleno del Congreso una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha a la medida de los intereses electorales de su secretaria general y actual presidenta, Maria Dolores de Cospedal. El único objetivo de la reforma es reducir el número de diputados en las Cortes regionales a una horquilla entre 25 y 35 frente a los 53 actuales, lo que reduce la democracia representativa y exige a la tercera fuerza política un mínimo del 16% de los votos en cada una de las cinco provincias para conseguir un escaño. La reforma perjudica directamente a IU y UPyD, y ha sido calificada de “cacicada inadmisible” por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. “No lo hagan”, le pidió a Mariano Rajoy en el último debate sobre el estado de la nación.
La jibarización de la democracia representativa al gusto y cálculo de Cospedal avergüenza incluso a algunos diputados conservadores hasta el punto de confesar en privado que no están de acuerdo con ella. Según el ponente socialista y diputado por Ciudad Real, Alejandro Alonso, las discrepancias internas se explican porque si esta reforma se aplicase en Navarra, el País Vasco y Cataluña, el PP se quedaría fuera de los respectivos parlamentos autonómicos. La consumación de la modificación estatutaria por intereses electorales desarma, en todo caso, de argumentos democráticos al PP frente a los nacionalistas.
Los populares han forzado, además, la tramitación urgente de la reforma con el único fin de que quede aprobada antes de la restauración del recurso previo de inconstitucionalidad, previsto, precisamente, para evitar la supuesta inconstitucionalidad de las modificaciones de los estatutos de autonomía. Tras la aprobación por el pleno del Congreso pasará al Senado y podrá entrar en vigor en abril próximo. Con ello, decenas de miles de votos de los castellano-manchegos irán directamente a la papelera y no tendrán representación cuando el partido al que hayan votado no consiga al menos 16 de cada 100 papeletas válidas.
El dirigente de IU, Cayo Lara, que fue alcalde de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), recuerda que tenía el pelo negro cuando, hace décadas, peleaba por una democracia con mayor proporcionalidad. “Ahora tengo el pelo blanco y en vez de avanzar, nos empujan hacia atrás”, dice antes de recordar que IU, con 44.000 votos no tiene ni un representante en el parlamento regional mientras al PP y al PSOE le cuesta 22.000 votos cada escaño.
Lara deplora que Castilla-La Mancha, que ya tenía un déficit democrático, vaya a quedar reducida al “ridículo”, y sin apelar al don Quijote que quebró la lanza contra los molinos de viento, pero se hizo otra con una rama de olivo al modo de Machuca de Vargas para seguir desfaciendo entuertos y combatiendo a los malandrines, reclama algo tan sencillo como “un referendo” en el que los 2,2 millones de ciudadanos de la Comunidad Autónoma puedan defender la dignidad democrática frente al atropello electoral desde el poder.
Vale recordar que Asturias, con un millón de habitantes, tiene 45 representantes; Murcia tiene 45 diputados con 1,4 millones de habitantes; Cantabria, 39 escaños –más de los que va a tener Castilla-La Mancha-- con 593.000 habitantes, y La Rioja tiene 33, dos menos del techo máximo para Castilla-La Mancha, con 323.000 habitantes. “Por tanto –añade el dirigente de IU--, el ridículo democrático desde el punto de vista representativo es notable; yo no sé si la próxima decisión será disolver la autonomía”.
Sobre el argumento del “ahorro de gasto público” que ha empleado Cospedal y repiten sus correligionarios aun después de haber suprimido las remuneraciones a los parlamentarios (sólo cobran dietas por asistencia si no pertenecen a los órganos permanentes), Lara se pregunta: “¿De cuánto dinero se trata? ¿Son 2 millones o 1,5 millones de euros lo que se ahorra el erario público de Castilla-La Mancha por quitar veinte escaños de las Cortes?” Y se responde: “El problema no es económico, sobre todo, cuando se ha incrementado la partida de cargos de libre designación del gobierno de Cospedal muy por encima de lo que supone el recorte del número de escaños. Lo que vemos –concluye-- es una voluntad clara de reducir democracia, de impedir y limitar el pluralismo, de evitar el control democrático al Gobierno y de mantener sobre todo el poder”.
El secretario general de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha ofrecido al PP la fórmula de “circunscripción única”, con una orquilla de 35 a 47 diputados, con listas desbloqueadas para que los ciudadanos puedan señalar sus preferencias y con la posibilidad de que los parlamentarios puedan desarrollar su función en régimen de dedicación exclusiva o parcial. Jordi Xuclá, de CiU, afirma que su grupo apoya esta fórmula. Sin embargo, el PP, por boca de su portavoz, el exalcalde de Toledo Agustín Conde, ha rechazado de plano esa posibilidad. Así las cosas, y a pesar de la intención de los socialistas de recurrir una reforma que es "una verguenza", dice Alonso, al Tribunal Constitucional, el PP hizo valer su mayoría absoluta para "blindar" a Cospedal en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y que pueda seguir de presidenta regional.
¿Cacicada lo de la Cospe en Castilla la Mancha? Vale.
…Pero ¿en que comunidad autónoma no han vuelto a florecer como en los mejores tiempos los caciques y las cacicadas?
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En este sentido, dado que con la España de las Autonomias hemos llegado a donde hemos llegado, la pregunta resulta inevitable:
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¿Amen de para originar 6 millones de parados, la división autonómica ha servido para algo más que para resucitar al más vil y repugnante caciquismo regional y empobrecer al mundo del trabajo?.
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Porque, desde luego, la división autonómica ha supuesto enorme ventajas para los caciques y no pocas para los políticos profesionales. ¿pero acaso ha supuesto la más mínima para el pueblo llano?
Si la echan del poder, de donde va a mangonear para sus casas de Madrid, Toledo, Marbella…