El Tribunal de la UE confirma los abusos hipotecarios y paraliza 200.000 desahucios

Casi doscientas mil ejecuciones hipotecarias, 198.116 para ser exactos, deberán ser suspendidas de facto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo (Francia), conocida el miércoles, que establece que ninguna persona pude ser desalojada de su casa sin sentencia judicial, anula el “desahucio express” que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero y califica de “abusivas” y “desequilibradas” las cláusulas de los contratos hipotecarios. Todo un varapalo para la banca y el Gobierno de Mariano Rajoy, quien el miércoles dijo en el pleno del Congreso que la dación en pago con carácter general y la suspensión de las ejecuciones perjudicaría al sistema financiero e impediría a miles de familias contratar hipotecas.

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo responde al recurso que planteó Mohamed Aziz, quien fue expulsado de su casa después de denunciar ante un juzgado de lo mercantil de Barcelona las cláusulas abusivas del contrato hipotecario. El juez elevó el asunto al Tribunal de la UE. Y éste ha sentenciado que las cláusulas hipotecarias que aplican los bancos en España no son compatibles con la directiva europea de protección de los consumidores. El fallo permite a los jueces examinar si hay cláusulas abusivas en las hipotecas y les faculta para suspender cautelarmente los desahucios.

Ni que decir tiene que la resolución del Tribunal de Justicia de la UE obliga a los jueces a examinar los procedimiento de desahucio y a determinar si procede o no el alzamiento, si los hipotecados lo solicitan. Hasta ahora, sus señorías eran meros espectadores, dado que la ley hipotecaria y de procedimiento conferían al contrato notarial un valor suprajudicial, con independencia de las cláusulas abusivas y del principio jurídico “rebus sic estantibus” que, frente al “pacto est serbado”, establece que los contratos son válidos mientras las condiciones no cambien por causas ajenas: crisis económica general, catástrofes, guerras y otras de fuerza mayor.

Nada más conocer la sentencia, Aziz declaró eufórico: “Hemos ganado los débiles, hemos ganado todos”. Varios dirigentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraron frente al Congreso, donde el miércoles  participaron en una jornada con el PSOE sobre la tramitación de su iniciativa legislativa popular. Y su portavoz, Ada Colau, se congratuló de la resolución y manifestó que la vulneración de un derecho fundamental como el de la vivienda ha de tener una “reparación con carácter retroactivo” porque la normativa europea rige desde hace muchos años (1993) y ha sido ignorada.

Entre gritos de “sí se puede, sí se puede”, de los compañero de Colau, ésta quiso contrastar con el PP si va a asumir la sentencia y a trasladar sus fundamentos a la norma que tramita el Congreso. El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, prometió que  están dispuestos a estudiar la sentencia y explicó que precisamente por eso han retrasado la tramitación de la ley que modifica los desahucios.

Desde el estallido de la crisis financiera y económica en 2008 se han registrado más de 350.000 desahucios, en su mayoría de personas que al perder su puesto de trabajo no han podido hacer frente al pago de la hipoteca. El impago de una cuota mensual ha sido suficiente para desalojar a miles de familias sin admitir siquiera la dación en pago, lo que las obliga a seguir pagando la deuda pendiente. En contraste, las inmobiliarias y los bancos han podido satisfacer sus deudas mediante la entrega de inmuebles y terrenos a la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o banco malo.

Aparte la satisfación de la PAH, que mantiene sus propuestas básicas –dación en pago, paralización de los desahucios con carácter retroactivo y puesta a disposición de los afectados de viviendas con un alquiler “social”--, el portavoz de la Izquierda Plural en esta materia desde el comienzo de la legislatura, Joan Coscubiela, se congratuló de que la justicia europea se haya pronunciado contra los abusos de la banca y el desequilibrio legal. Recordó la respuesta que le dio Rajoy el miércoles pasado y manifestó que “la desautorización del presidente del Gobierno y de la legislación hipotecaria ha quedado clara”.