Viejos militares que amenazan a Cataluña se lucraron con las viviendas del Ejército

La venta masiva de viviendas militares impulsada por Federico Trillo cuando ocupó la cartera de Defensa (2000-2004) se saldó con bastantes irregularidades y algunos perjuicios para la hacienda pública, según acaba de poner de relieve, con secular retraso, el informe que el Tribunal de Cuentas ha enviado al Parlamento. La privatización del parque de viviendas militares a mitad de precio y en unas condiciones que para sí quisieran miles de familias desahuciadas por los bancos al no poder pagar la hipoteca, benefició especialmente a esos oficiales pretorianos en la reserva que, como el general Juan Antonio Chicharro, anteponen el patriotismo español a la voluntad democrática de los pueblos y, aunque carentes de mando en tropa, insisten en sus amenazas a Cataluña.

La privatización de las casas militares sin interés para la defensa nacional fue una de las mayores operaciones inmobiliarias de la primera década del siglo XXI. El planteamiento del entonces ministro Trillo consistió en entregar los inmuebles y locales situados en las ciudades a sus inquilinos militares para sufragar la construcción de residencias en las bases y aportar ayudas para vivienda a los militares sometidos a la ley de movilidad. Mediante sucesivos decretos –el último, de noviembre de 2003—se entregaron las casas en propiedad a los militares en la reserva, a sus parejas, familiares y causahabientes al 50% del valor de mercado y con créditos subvencionados a interés no superior al 1%.

Entre 2003 y 2005, el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), enajenó 14.181 inmuebles por un valor total de 1.569 millones de euros. El 97% de dicho importe correspondió a la venta de casas militares y 800.000 euros, a la enajenación de solares. La operación, en apariencia irreprochable por cuanto miles de familias de militares venían pagando sus cuotas de alquiler, resultó especialmente rentable, según reconocen las fuentes consultadas, para los oficiales de alta graduación que ocupaban los mejores inmuebles en el centro de las ciudades. Familiares del propio ministro se contaban entre ellos.

Algunas operaciones poco claras llevaron en 2006 al Tribunal de Cuentas a revisar la gestión del Invifas y ahora, siete años después, cuando esa inmobiliaria del Ejército ha desaparecido subsumida en la Gerencia de Insfraestructuras y Equipamientos de la Defensa, el órgano fiscalizador carga las tintas y da a entender que aquello fue la casa de tócame Roque. Para empezar, el Invifas no atendió a los requerimientos ni a los plazos de alegación del Tribunal, que tuvo que solicitar la documentación por dos veces. Cosa extraña, aunque no infrecuente, para un organismo público dependiente del Gobierno central.

Ya en materia, el alto Tribunal dice que con carácter general el Invifas declaraba en la escritura pública de compraventa que había recibido el precio del inmueble “con anterioridad a la venta”, cuando lo cierto es que el pago se hacía efectivo “después del otorgamiento de escritura”. “Esta práctica –añade el Tribunal-- puede suponer un riesgo para los intereses de la Hacienda pública”. También, con carácter general, “se admitió que participasen en los concursos para la enajenación de viviendas desocupadas unos licitadores que presentaron documentación defectuosa para acreditar sus requisitos y méritos”. Téngase en cuenta que, en plena escalada del precio de la vivienda, la adquisición de los inmuebles a mitad de precio permitía a los adjudicatarios obtener un beneficio seguro al día siguiente.

Algunos beneficiarios se enteraron tarde de estas operaciones y por eso el Tribunal reprocha a los responsables del Invifas que admitiesen solicitudes a través del Servicio Postal “sin cumplir los requisitos legalmente exigibles para garantizar que la presentación se había realizado dentro de plazo”. También subraya “numerosas irregularidades y deficiencias de tipo procedimental, especialmente en la enajenación de locales comerciales y solares mediante subasta y convenio”. Y agrega que “las cuantías por las que fueron enajenados los inmuebles objeto de convenio con otros entes públicos, no se encuentran suficientemente justificadas”.

Las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador proceden de un muestreo. La auditoría no abarca, por tanto, todas las operaciones. En algunos casos faltan documentos para acreditar que las viviendas estuvieran ocupadas por militares. Es probable que algunos las tuvieran subarrendadas. En algunos convenios, el Tribunal reprocha al entonces responsable del Invifas, al que no cita -el arquitecto Rafael Amat, persona de la máxima confianza del ministro y con anterioridad, director de vivienda del Gobierno regional de Murcia-, que no garantizase el interés público cuya protección le incumbía. El secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, excolaborador de Rodrigo Rato, tenía la función supervisora.

Aunque el Tribunal no pasa de 2005, la venta de viviendas siguió a buen ritmo durante los mandatos de José Bono –quien dignificó el sueldo a los militares- y José Antonio Alonso como ministros de Defensa de Zapatero. Téngase en cuenta que el parque de viviendas militares sin interés para la defensa se cifró en 37.000 al comienzo del proceso. En 2006, Defensa ingresó 1.460 millones de euros por ventas de casas, locales y terrenos.

Pero con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el estancamiento de los precios, lo que empezó siendo una acción justa para las familias de los suboficiales y militares de la escala básica, y se transformó en un buen negocio para los oficiales en la reserva con inmuebles en las zonas más cotizadas de las ciudades, entró en barrena, y en 2008 el Invifas quiso enajenar 1.546 viviendas pero sólo vendió 688, un 55,5% menos de lo previsto. Ni a mitad de precio la reventa era negocio.