No habrá justicia para los pobres ni abogados de oficio para los mileuristas

Cuando más aprieta el paro y la depresión económica, llega el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón con una subida de las tasas judiciales tan “inmoral” que convierte en papel mojado para los más desfavorecidos el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el 24 de la Constitución. El calificativo de “inmoral” además de “preconstitucional e inconstitucional” no es del cronista, sino del portavoz socialista en la materia y exministro de Interior Antonio Camacho. Gallardón dejará además sin derecho a abogado de oficio –principal expresión del famoso “beneficio de justicia gratuita”-- a los mileuristas, entendidos como “las unidades familiares que superen dos veces y media el Iprem”, ahora situado en 532 euros mensuales.

Todos los grupos parlamentarios, menos el PP, rechazaron el lunes en el pleno del Congreso el proyecto de ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por entender que penaliza a los pobres, obstaculiza el acceso de los trabajadores a la Justicia, cercena la apelación de los impecunes a la segunda instancia judicial y, en cambio, beneficia a los ricos y a las empresas. Pero el PP aplicó su mayoría absoluta para tomar en consideración el proyecto, y las enmiendas de devolución surtieron el mismo efecto que la patada de un mosquito sobre un elefante.

El ministro defendió el patadón hacia arriba a las tasas en todas las jurisdicciones y la implantación del pago de los trabajadores en la jurisdicción social –por ejemplo, en el caso de un despido el recurso de súplica costará un mínimo de 800 euros-- adoptando en un momento el papel de un charlatán de feria, leyendo en otro momento un anuncio publicitario y acusando siempre a los españoles de ser “muy litigantes”. De feria pareció cuando dijo que “de 48 países del Consejo de Europa, 47 tienen unas tasas judiciales del 29,7%” y él no va a implantar “ni el 30 ni el 20 ni siquiera el 15%, sino que lo deja en el 10%” del coste del proceso. Según datos oficiales, las tasas representan ahora el 3% del coste del aparato judicial.

En otro momento preparó a sus señorías para una gran sorpresa. “No voy a citar el nombre de la empresa, llamémosle X”, dijo antes de leer un anuncio explicativo sobre cómo la “empresa X” recurría las multas de tráfico. El reclamo concluía: “¿Sabías que este partido puede durar de seis meses a dos años?”. Y para que quedase claro, lo volvió a leer. Cierto es que la sorpresa no fue tal, y el fino jurista quedó en evidencia cuando el socialista Camacho le pidió que no confundiese las sanciones administrativas con los procesos judiciales y, de paso, le tildó de “demagogo”.

En todo caso Gallardón quiso demostrar que los españoles somos muy litigantes y tenemos “un interés especial en dilatar los procesos, con el consiguiente coste para los contribuyentes”. Y eso, según argumentó, se debe a que la Justicia nos sale barata. Nada más hay que ver, dijo, que en España se tramitan “nueve millones de asuntos al año” y en Francia, “con 20 millones más de habitantes, se tramitan 6,5 millones”. Para evitar los abusos, lo mejor es subir las tasas. “Yo no creo sea desorbitado hacer pagar el 6,3% del coste de un proceso por desahucio”, sentenció.

Después de bordear la cuestión de fondo, que según coincidieron todos los portavoces, menos el del PP, es la dudosa constitucionalidad de una norma que impedirá de hecho a los pobres recurrir las sentencias en segunda instancia, Gallardón afirmó que el dinero que se obtenga por la subida de las tasas irá a pagar a los abogados de oficio. Y a continuación anunció la “recentralización” y reforma del sistema de “justicia gratuita”. Así, dijo que “los Colegios de Abogados podrán facturar el cien por cien de la asistencia de oficio a la Administración Central” en vez de a las Comunidades Autónomas, y éstas “devolverán las cantidades que corresponda, según el último presupuesto liquidado, aminorado en un 20%”. Ese porcentaje deberán dedicarlo a la “mejora del sistema judicial”, precisó.

También en esta materia fue socialmente regresivo. Si ahora tienen derecho a asistencia letrada gratuita quienes ganen menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está en 641 euros, el nuevo sistema utilizará el Indicador de Precios y Rentas Múltiples (Iprem), que está en 532 euros y es un índice a la baja, dada la depresión económica española. Aunque la diferencia entre 2,5 veces el Iprem y dos veces el SMI es insignificante, el socialista Camacho acusó a Gallardón de hacer “juegos de circo”. Emilio Olabarría, del PNV, le tildó de “prestidigitador” y le acusó de infligir un “daño histórico” al derecho a la tutela judicial efectiva con la nueva regulación de unas tasas que, según Rosa Díez, de UPyD, van a general “mayor desigualdad” y obedecen a “un furor recaudatorio que le nubla la vista” y además de ser “injustas” suponen, según remarcó Joan Tardà, “un nuevo ataque al Estado social y democrático de derecho”. Más gráfico, si cabe, Gaspar Llamazares apeló al símil médico: “Para usted la primera opinión (sentencia) es la que vale y la segunda es un lujo de repago”, dijo antes de deplorar que tome a los “ciudadanos como rehenes” y liquide por la vía económica su derecho a la tutela judicial efectiva.