IU-ICV agita el pacto militar de Chacón con Israel

Los diputados de IU-ICV Gaspar Llamazares y Joan Herrera han exigido a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que explique el alcance y contenido del acuerdo de cooperación militar que suscribió el pasado 16 de marzo con su homólogo israelí Ehud Barak. Hasta ahora, España e Israel habían firmado acuerdos parciales de cooperación militar, “pero ninguno con ese alcance y falta de exigencia de garantías”, afirma  Herrera.

"Ante el largo historial de acciones armadas ejecutadas al margen de la legalidad internacional y en contra del respeto esencial de los derechos humanos por el Estado de Israel", Herrera quiere que Chacón aclare si el acuerdo militar incluye "venta de armas, intercambio de información que pueda ser usada por los servicios secretos israelíes" y si contiene "alguna exigencia de respeto a los derechos humanos" por parte del Estado de Israel.

Las cuestiones formuladas por los parlamentarios de IU-ICV, y a las que Chacón puede contestar por escrito en treinta días, coinciden con la revelación de los documentos que demuestran que los militares israelíes tienen orden de matar a los buscados palestinos en vez de detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia, como ha ordenado su Tribunal Supremo, como ha contado Monica G. Prieto en cuartopoder.

Pero el memorando de cooperación militar entre España e Israel se produce tras un año de tensión entre ambos Gobiernos en el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha cedido a las presiones israelíes recortando la jurisdicción universal frente a la impunidad y cediendo a las condiciones israelíes sobre el ejercicio del mando de las tropas de Naciones Unidas en Líbano, que ostenta desde enero el general de división español Alberto Asarta.

En efecto, el Gobierno ha sido permeable a la enérgica protesta diplomática de las autoridades israelíes por la apertura por parte del juez Baltasar Garzón de un proceso contra el ex ministro israelí Benjamín Ben-Eliezer a partir de una denuncia sobre la impune matanza de 14 civiles en Gaza en 2002. El titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se apresuró en abril de 2009 a garantizar a su homóloga israelí Tzipini Livni que la cosa no iría a mayores y que la jurisdicción universal ejercida por la Audiencia Nacional tenía los días contados.

Así fue. La historia ya es conocida. El PP reclamó en el Congreso la urgente modificación del artículo 23 de la Ley del Poder Judicial y el PSOE aceptó encantado. La tramitación de la reforma fue rapidísima. La jurisdicción universal contra los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, glosada por Garzón en el prólogo del libro Crímenes de Guerra (Debate, 2003) y ejercida al amparo del mencionado precepto quedaba restringida a los casos en los que hubiera víctimas españolas. La realpolitik se imponía a la justicia. A modo de disculpa, el presidente Rodríguez Zapatero manifestó: “Es que el gobierno israelí se enfada por todo”.

El Ejecutivo español también ha sido permeable a determinados procedimientos secretos sobre la actuación de inspección militar en la frontera entre Líbano e Israel, tras lo cual, el ministro Barak, que había aplazado su visita a España “por motivos de agenda”, fue recibido con honores por su homóloga Chacón y suscribió ese memorando de cooperación militar que ahora la ministra deberá explicar al Parlamento.