Esterilizaciones forzadas en Perú: verdad, justicia y reparación
Perú tiene abierta una herida: las mujeres afectadas por el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), implementado en el segundo mandato de Alberto Fujimori, el sátrapa que gobernó el país entre 1990 y 2000, por el que se esterilizó alrededor de 300.000 mujeres y 22.000 hombres.
Como gran compromiso para favorecer la anticoncepción, Fujimori presentó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, cuya medida estrella era la AQV, en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas, Beijing’95. Pero la AQV tenía de todo menos de voluntario. Se dirigió a la población rural, sin recursos económicos y hasta de comprensión, porque en la mayoría de los casos se trataba de población quechua y aimara hablante, que no entendía lo que le decían y, si lo entendían y se negaban, eran sacadas de sus casas a la fuerza para llevarlas a los centros de ‘salud’. Su objetivo no era otro que reducir la miseria eliminando la capacidad de reproducción en las familias más pobres con la disculpa de reducir las tasas de fecundidad y, de paso, favorecer el exterminio de la población indígena.
Mujeres incluso embarazadas fueron obligadas por el personal sanitario, que tenía que alcanzar determinados cupos por los que eran recompensados los jefes de los centros y los propios centros sanitarios desde el Ministerio de Salud, a cargo entonces de Alejandro Aguinaga, hoy mano derecha de Keiko Fujimori, la hija que recogió la herencia política del encarcelado expresidente, y que se volverá a enfrentar a Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del próximo año.
A pesar de las reiteradas denuncias, ni Aguinaga ni Fujimori han sido juzgados por vulnerar los derechos humanos y reproductivos. Sólo el caso de Mamérita Mestanza, fallecida en abril de 1998 a los treinta y tres años, nueve días después de haber sido sometida a una ligadura de trompas acordada con su pareja, sin pasar ningún tipo de examen pre-operatorio y que no fue atendida en el post-operatorio acabó en juicio. Cuando fallaron los procesos judiciales internos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y otros grupos de derechos humanos peruanos presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno peruanon reconoció en 2003 su responsabilidad jurídica, con el acuerdo de compensación para la familia de Mamérita Mestanza, pero su responsabilidad no ha alcanzado a las demás mujeres fallecidas, al menos 18, ni a las mujeres a las que obligaron, incluso bajo amenazas de sanciones penales, a someterse a las esterilizaciones.
La última ocasión para escuchar a las víctimas y demandar justicia y reparación ha sido en el Parlamento Andino, donde la parlamentaria Hilaria Supa consiguió que se escuchara a las mujeres víctimas, y el mismo parlamento se comprometió a redactar un informe sobre la situación de los casos archivados y recomendando al Estado peruano la reparación integral a las mujeres esterilizadas.
Hilaria Supa no ceja en su empeño por conseguir que las mujeres de Anta, como se conoce a estas víctimas, obtengan justicia y reparación y se conozca la verdad de los hechos. En su misma línea de trabajo MujeresMundi, una red de activistas para la igualdad de género ubicada en Bruselas, lanzó en marzo del año pasado una campaña #EsterilizacionesForzadasDignidad, con una recogida de firmas en la plataforma change.org que serían entregadas por Hilaria Supa al presidente Humala.
Sin embargo, con la misma desidia que la justicia peruana, la escasa solidaridad ha impedido cerrar la campaña en el tiempo previsto. Según nos cuenta Xaviera Medina, impulsora de MujeresMundi y promotora de esta iniciativa, en declaraciones a cuartopoder.es: “Nos desilusiona la poca importancia que se da al hecho de que cerca de 300.000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada o con engaños. Se pensó cerrar la campaña, pero sería lo mismo que renunciar y dar la espalda a las víctimas de esterilización.” De las 3.000 firmas que se plantearon como cifra simbólica, casi un año después han alcanzado poco más del 5% (187 firmas), y eso que es una campaña internacional.
La lucha de las mujeres peruanas por una reparación por parte del Estado tuvo su espacio, también, en el XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en noviembre en Lima. Allí se presentó el documental “Cicatrices del engaño”, que denuncia las esterilizaciones forzadas.
Las mujeres de Anta (ver vídeo, abajo) continúan sufriendo el abandono, el maltratro, el desprecio y ansían recuperar su papel como reproductoras pidiendo que las devuelvan a su estado anterior y reconciliarse con la Pachamama. Mientras, hoy se siguen conociendo casos similares, como en México, en el punto de mira del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la esterilización de jóvenes indígenas –y pobres-, igual que en Colombia, o en India, donde la campaña de esterilizaciones ‘voluntarias’ iniciada en diciembre lleva un número indignante de fallecidas.
Si los gobiernos actúan así, los ciudadanos tendremos que hacer algo, ¿no?
