Esteban Beltrán: "En España, algunos detenidos son sometidos a malos tratos"
Sato Díaz *
El 10 de diciembre se celebra el Día internacional de los Derechos Humanos. Durante esta semana, se realizarán multitud de actos en conmemoración de la Carta Universal. En Madrid, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, repasa para cuartopoder.es la situación de los derechos humanos en el país tras un acto junto a Nancy Hollander, abogada de Chelsea Manning. Hollander aprovechó la presencia de los medios de comunicación para reclamar al Gobierno español que "presione al ejecutivo de Obama para que indulte a Manning", detenida en 2010 por filtrar a Wikileaks documentos y cables diplomáticos. Beltrán responde con amabilidad en una cafetería en el Ayuntamiento de Madrid, en cuyas puertas tuvo lugar el acto.
¿Tenemos motivos para la celebración en España del Día internacional de los Derechos Humanos?
Sí, tenemos motivos de celebración. Celebramos que tenemos una sociedad civil muy activa. El año pasado hubo cerca de 31.000 manifestaciones. También celebramos, por ejemplo, que no tenemos pena de muerte y que España está sometida a un escrutinio internacional muy importante por parte de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Hay cosas que celebrar, pero hay que buscarlas con un farol, porque hay cuestiones muy preocupantes en materia de derechos humanos.
¿Por ejemplo?
Hay problemas de derechos humanos desde hace tiempo que no se solucionan, como es el caso de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. La transición no fue modélica. La parte correspondiente a la verdad, justicia y reparación de las víctimas no se solucionó. Del pasado, también viene el tema de la tortura y los malos tratos en España, no es un problema de carácter sistemático, pero sí se da con más frecuencia que en casos aislados. La impunidad existe en este tema, el Tribunal Europeo y el Constitucional de España dicen que no hay una investigación eficaz sobre torturas. Los principales casos de torturas se dan en las manifestaciones, con un uso excesivo de la fuerza, pero también en las detenciones. Además, está el sistema antiterrorista en vigor y el régimen de incomunicación de hasta trece días que se ejecuta, en el que el detenido no tiene acceso al abogado que elija, en el que el abogado que está contigo sólo es observador, en el que no tienes derecho a un forense más allá del forense oficial...
¿Cómo ha afectado la crisis económica a los derechos humanos en España?
El derecho a la vivienda en España sólo es nominal. No está reconocido realmente, ni siquiera hay un recurso de amparo del Constitucional sobre el derecho a la vivienda en 40 años de democracia. Tenemos 18 ó 19 desalojos forzados al día. Por otro lado, está el derecho a la salud. La ley de universalidad del año 1996 y la del 2011 lo reconocen, pero el decreto de agosto de 2012 deja a los inmigrantes irregulares mayores de edad sin tarjeta sanitaria para tratamientos prolongados. No son tratados salvo en casos de urgencia, de que sean refugiados, que son pocos, o de víctimas de trata de blancas, que son menos aún. El resto tiene dificultades para que ser atendidos en un hospital. Se han retirado 874.000 tarjetas sanitarias aproximadamente.
Además de las restricciones en derechos humanos relacionadas con la situación económica, ¿se están debilitando los derechos en otros campos?
Eso es una realidad, por ejemplo, con la nueva ley de Seguridad Ciudadana, habrá que ver cómo queda al final. Existen redadas raciales, se disuelven manifestaciones... No hay un mecanismo que controle a la policía en este país, en Holanda y Reino Unido sí que existe. Al haber menos control judicial de la policía, existe una mayor posibilidad de abusos. Se pretende que los periodistas que graban acciones policiales puedan ser multados y procesados. Esto es ilegal en el marco del derecho internacional. En derechos civiles y políticos, las autoridades españolas quieren debilitarnos.
Este año, además, se celebra el XXX aniversario de la Convención contra la Tortura. ¿Qué prioridades en este campo tienen en España?
Ahora mismo, una de nuestras prioridades tiene que ver con las torturas y malos tratos que se dan en manifestaciones. La utilización de material de disturbios contra manifestantes pacíficos, la obstrucción a los periodistas y la rotura de máquinas de fotografías... Existe una carencia de investigaciones en las actuaciones policiales. Por ejemplo, en la manifestación del 25 de septiembre de 2012 hubo una actuación policial en Atocha, tras la manifestación, y se hizo una investigación interna. Nosotros hemos pedido que la hagan pública, pero no se hace. También hemos denunciado que algunas personas detenidas son sometidas a malos tratos, como por ejemplo, la negación del sueño o la obligación de permanecer de pie durante mucho tiempo, y hay mujeres que han sido vejadas... Tradicionalmente, hemos documentado la existencia de un régimen de torturas a personas acusadas de terrorismo, este régimen se sigue aplicando aunque ETA ya no asesine. Todos los mecanismos de Naciones Unidas piden la abolición del régimen de incomunicación, nosotros se lo exigimos al Gobierno, si no, por lo menos, que procedan a la instalación de videocámaras de control judicial durante estos casos.
Próximamente se debate en el Congreso la llamada ley de Seguridad Ciudadana a la que ha hecho referencia antes. ¿Cuál es su postura respecto a este tema?
Lo primero que hay que preguntarse es: ¿por qué hace falta una ley de Seguridad Ciudadana? Según datos oficiales, los delitos se están reduciendo, de las más de 30.000 manifestaciones que se dan al año, sólo un 0,9 por ciento implica presencia de fuerza pública... No hay ningún motivo para una ley así, una ley que debilita el control por parte de los jueces, una ley en la que no hay mecanismos para una investigación independiente de abusos policiales.
¿Existen en España más restricciones en este sentido que en el conjunto de la Unión Europea?
En el ámbito de la Unión Europea hay una restricción de libertades en relación con la seguridad, no sólo es un tema de España. Con la inmigración también ocurre. En España, sin embargo, hay un hecho diferencial, se pretende legalizar lo ilegalizable. Por ejemplo, las devoluciones en caliente. En España, en este tema, se dan dos cuestiones que se ilegalizan por parte de las instancias internacionales: las expulsiones en caliente son ilegales y las expulsiones colectivas, que se recogen en la última redacción de la ley, son, desde el punto de vista del derecho internacional, peores todavía. Se está llevando una campaña importante de toda la comunidad internacional de presión al Gobierno. Este es un motivo de prioridad para Amnistía Internacional.
Las devoluciones en caliente, además, complican mucho la solicitud de refugio.
En Ceuta y Melilla hay muchas personas que pueden ser potencialmente refugiados, que provienen de conflictos como los de Siria o Eritrea y sólo puede entrar a pedir refugio saltando la valla. Lo que se debería hacer es que haya salas con juzgados en las fronteras para que los refugiados puedan solicitar el estudio de sus casos. No puede ser que la gente tenga que saltar una valla para pedir refugio.
En el 2011, publicaron un informe sobre las identificaciones a inmigrantes bajo un componente racial. ¿Ha habido cambios al respecto en este periodo?
Ha habido avances. Hay una orden directa del secretario de Estado de Interior contra las redadas de tipo racial. Se siguen dando, pero menos. La ley de seguridad ciudadana las prohíbe, pero creemos que no es suficiente. Proponemos que en cada identificación haya un parte del policía en el que aparezcan las razones por las que se ha identificado a esa persona, un parte que sea firmado por la persona identificada que se quedará con una copia, esto es fundamental porque, si no, ¿quién controla este tipo de identificaciones? Esa posibilidad evita que las identificaciones racistas ocurran.
Sobre memoria histórica. ¿Qué pasos debe dar el Gobierno por la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo?
Lo primero es que hay varias personas con órdenes de búsqueda y captura. El Estado tiene dos opciones: extraditarles o juzgarles. En casos anteriores se libraron porque los jueces interpretan que la tortura es un delito que prescribe. Para nosotros es un crimen internacional que no prescribe nunca hasta que haya un veredicto de inocencia o culpabilidad. Lo primero que tendría que hacer el Gobierno es colaborar con los jueces. Amnistía ha iniciado una campaña en este sentido. Tendrían que dar traslado a todos estos casos. No puede haber impunidad. La segunda cuestión es que las instancias internacionales reconocen 141.000 casos de desaparición forzada en este país. Esto es más que en toda América Latina en el siglo XX, y son sólo los casos que están delante de un juez. Esto no es un delito común, por lo que hasta que el Tribunal Supremo no cambie su sentencia de febrero de 2012, quedarán en impunidad en España cualquiera de los casos de desapariciones forzadas. Mientras tanto, lo que queda es la investigación fuera del país, en Argentina o en cualquier otro lugar. Actualmente, en España las víctimas de desaparición forzada tienen las puertas cerradas por los tres poderes: el poder judicial considera que lo que se cometió durante el franquismo y la Guerra Civil no tiene ámbito penal; el Gobierno no colabora con la extradición; y el Parlamento se niega a anular la ley de amnistía. Hay que desarrollar presión para que se cumplan los mecanismos de Naciones Unidas. Si hay algún Estado condenado por los crímenes del pasado, ese es España. Las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil tienen derecho a la reparación, igual que las víctimas de ETA. Además, es cuestión de pedagogía, ¿cómo se va a enseñar lo que pasó en el franquismo en los colegios sin la verdad? Las sociedades avanzan a medidas que son justas con lo que ocurrió en el pasado, España es una excepción y esto es una hipoteca para el futuro.
