El Gobierno incumple la ley de transparencia: sigue sin publicar los bienes de sus altos cargos

Siete meses después de la entrada en vigor de la 'Ley de Transparencia', el Gobierno de Rajoy sigue sin cumplirla y se resiste a publicar la declaración de bienes y patrimonio de altos cargos de la Administración Pública, tal y como establece la propia norma. Ante esta opacidad gubernamental, la izquierda va a iniciar una campaña de acoso y denuncia. Así lo tiene previsto la diputada catalana y nueva secretaria federal de Estudios y Programas del PSOE, Meritxel Batet; pero, también, Izquierda Unida hará lo propio con una propuesta sobre "regeneración democrática y democracia avanzada" que incluye un ‘estatuto del cargo público’. E, incluso, dentro del PP han surgido posiciones que exigen una regeneración que pase, también, por 'elecciones internas' y 'voces libres' en el interior de los partidos.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -el 'proyecto estrella' de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría- entró en vigor el pasado 10 de diciembre, tras ser publicada en el BOE correspondiente. Su disposición final segunda modificaba la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, y fijaba lo siguiente en el apartado 4 de su artículo 14:

"4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el 'Boletín Oficial del Estado', en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares".

Era uno de los pilares fuertes de esta ley propiciada por el PP, que quería evitar que volvieran a ocurrir, aunque sin citarlo expresamente, casos como el de Carlos Fabra, el exdirigente del PP y expresidente de la Diputación de Castellón condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel por la comisión de cuatro delitos fiscales. Ante el deterioro general que vive la clase política respecto al electorado, la citada ley parecía una forma de afrontar una situación de descreimiento generalizado de los políticos.

Pero las leyes se pueden quedar en papel mojado y todo parece indicar que eso ocurrirá con esta ley: siete meses después de su entrada en vigor, el Gobierno sigue manteniendo la opacidad en cuanto a sus cargos públicos: no ha publicado la declaración de bienes y patrimonio de subsecretarios, directores generales y presidentes de organismos o de empresas públicas. Ante esta situación, Meritxell Batet, la nueva secretaria ejecutiva del líder socialista Pedro Sánchez -que acaba de sustituir a Pérez Rubalcaba al frente del PSOE- ha dirigido una pregunta parlamentaria al Gobierno: "Cómo y cuándo piensa dar cumplimiento” a lo dispuesto en la Ley de Transparencia en todo lo referido a la "regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado que no ostentan la condición de ministro o secretario de Estado".

Los socialistas consideran 'irónico' que Mariano Rajoy presente su denominado 'plan de regeneración democrática', incluyendo que gobierne como alcalde el candidato de la lista más votada, mientras "es incapaz de cumplir las leyes vigentes". Batet ya ha empezado por recordar que la regulación de la declaración de bienes y patrimonio de los altos cargos está incluida en una disposición final de la ley, de modo que debía empezar a cumplirse 20 días después de su publicación en el BOE, en noviembre de 2013.

Hay que señalar que en el caso de las disposiciones finales no cabe el denominado vacatio legis, que permite la entrada en vigor de algunos preceptos de la ley al cabo de uno o dos años de su publicación. Es decir, que hace seis meses que los bienes de los altos cargos tenían que haber sido publicados en el BOE.

También Izquierda Unida quiere 'regenerar' a Rajoy su Gobierno

Esta evidente opacidad del Gobierno que, pese a lo exigido en la ley oculta los intereses de sus altos cargos, está generando igualmente una campaña paralela de Izquierda Unida, que ultima el documento "Regeneración democrática y democracia avanzada", en el que incluye un "estatuto de cargo público" para enfrentarlo a las propuestas del PP.

Según nos confirma Cayo Lara, además de exigir la publicación de los bienes y patrimonio de los altos cargos, IU irá más allá y "no se resignará ni consentirá" que Rajoy infrinja un "golpe de Estado a la democracia representativa" con su pretensión de cambiar las reglas electorales para dar vía libre a la elección directa de alcalde, sino que va a exigir la elaboración de un "Estatuto del Cargo Público" que recoja el "Principio de rendición de cuentas" para que los cargos electos ofrezcan periódicamente información sobre sus actividad política e institucional, así como el grado de cumplimiento de su programa electoral.

Dentro de ese "Estatuto de Cargo Público", IU plantea también el "Principio de exigibilidad de cumplimiento del programa, que debe considerarse como un compromiso entre el electo y los electores". Incluye, igualmente, el "Principio de revocabilidad de los cargos de gobierno" por incumplimiento del programa "por un procedimiento que pueda desarrollarse a partir de la iniciativa del 20% de los votantes". Y se recoge también el "Principio de suficiencia de recursos que garantice a los grupos municipales o parlamentarios la subvención necesaria para cumplir su papel".

Pero avanzando aún más allá de la línea que plantea el PSOE, IU reitera la necesidad de una reforma del régimen de aforamiento de los diputados, senadores y otros representantes electos de tal modo que "este privilegio quede restringido a hechos relacionados con actuaciones en los órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada", y va a proponer la reforma de varias normas en vigor, como la Ley de Contratación con las Administraciones Públicas, la Ley de Financiación de Partidos Políticos o una amplia reforma del Código Penal "para tipificar y ampliar las penas a corruptos y corruptores".

Las voces 'regeneracionistas' del PP

Paralelamente, y aunque por otros motivos diversos, también están surgiendo voces 'regeneracionistas' -de momento aisladas- dentro del PP, como la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid y senador autonómico, Iñigo Henríquez de Luna, que ha reiterado su posición, mantenida también por una parte del PP de Madrid y auspiciada en cierta forma por Esperanza Aguirre, de celebrar 'elecciones internas' y de dar pie a que haya 'voces libres' en los partidos.

Henríquez de Luna se ha sumado a una corriente aún minoritaria en el PP que anima a emprender 'reformas valientes' y a acabar con el 'inmovilismo' para mejorar la calidad democrática. Esta corriente -en la que se encontraban algunos militantes que formaron un grupo autollamado 'Regeneración democrática' y cuya mayoría acabó en Ciutadans o en otras opciones como VOX- parte de la base de que en las elecciones europeas los ciudadanos han mandado un claro mensaje a los dos grandes partidos nacionales: que es el momento de renovarse o languidecer.

Consideran que la proliferación de casos de corrupción ha acrecentado la distancia entre los ciudadanos y sus representantes; que el agotamiento del actual sistema político se ha instalado en el subconsciente colectivo y que el electorado pide cambios, como la reforma del sistema electoral y de la Ley de Partidos Políticos. Estos 'regeneracionistas' del PP, sin embargo, no dicen nada sobre el incumplimiento de publicar los bienes de los altos cargos, tal y como establece la Ley de Transparencia.